La Red Andaluza de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha manifestado este miércoles "su honda preocupación" por la propuesta de la Junta de Andalucía de trasladar los menores extranjeros no acompañados (MENA) interceptados en pateras en la región a Marruecos ya que "es contraria a los tratados y acuerdos internacionales de defensa y protección de la infancia", y la califica de "grave e irresponsable".
La organización humanitaria se ha posicionado así tras la posibilidad planteada por el Gobierno autonómico de estudiar "caso por caso" la posibilidad de reagrupamiento familiar en cumplimiento de los convenios ya suscritos por el Gobierno de la Nación y el Reino alauita. Según ha señalado la Red Andaluza de Inmigración, se esta planteando que los menores "retornen de forma express", y que se amplíe la campaña de devolución como se hizo con 116 que saltaron de forma violenta la valla de Melilla en agosto.
"Nos parece grave, rayando en lo delictivo, y desde luego irresponsable que una Administración que tiene la obligación de respaldar los convenios y tratados internacionales, emita unas declaraciones donde usa a los menores no acompañados, niños vulnerables, y siquiera plantee la devolución de estos hacia otros territorios olvidándose de que es su competencia exclusiva el atenderlos debidamente", ha afirmado el presidente de la Red Andaluza de Inmigración y Ayuda al Refugiado, Estanislao Naranjo.
Esta organización ha trasladado su queja a la Junta y ha pedido al Defensor del Pueblo de Andalucía y del Menor que condene "de urgencia" las manifestaciones del Gobierno autonómico porque "son incompatibles con la totalidad de los compromisos institucionales", al tiempo que ha pedido al resto de comunidades autónomas que "no se abonen a las declaraciones del Ejecutivo de Susana Díaz que parece haber consolidado su giro hacia formas que son más propias del PP de Ceuta y Melilla que de una formación de izquierdas".
La Red Andaluza ha asegurado que promoverá ante el Parlamento de Andalucía una batería de medidas y preguntas ante el Ejecutivo para detallar el sistema de protección de los MENA y para evaluar de forma "urgente" las vías para garantizar el "cumplimiento íntegro y sin excusas por parte de la Junta de la totalidad de las obligaciones en materia de protección a la infancia que debe asumir".
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