Mientras un funcionario belga quitaba lazos amarillos de los barrotes de la entrada de los juzgados de primera instancia de Bruselas -que tiene por nombre el del padre de la separación de poderes, Montesquieu- para dirimir sobre la jurisdicción de los tribunales belgas sobre el magistrado Llarena, en el Teatro Nacional de Cataluña se rotulaban los asientos reservados para las primeras filas de sus 870 butacas –exclusivas para los independentistas-. El edificio es una mezcla de moderno Partenón por fuera y de teatro griego por dentro, realizado por Ricardo Bofill, y sirvió de hemiciclo para la enésima soflama soberanista de Quim Torra, presidente de la Generalitat de Cataluña. En medio de un día jalonado de noticias catalanas, en la ciudad que lleva por nombre el de una batalla triste de Napoleón Bonaparte –Waterloo- almorzaban alegrementeArtur Mas y Carles Puigdemont, los que comenzaron la deriva que ha llevado a Cataluña y España a la dura situación que ya no da dolor de cabeza sólo a los catalanes sino al conjunto de los españoles.
Lo llamativo del asunto es que mientras trascurre todo este ajetreo el parlamento catalán permanece sin celebrar un pleno de la cámara, a la que dicen que se deben los soberanistas, desde mitad de julio y tampoco tiene previsto que se reúna hasta octubre. O sea, el proclamado corazón de la democracia catalana se cierra para no evidenciar la división entre los independentistas y se repite – por activa y por pasiva – que la democracia española es deficiente o nula. Se cumple con creces lo del refranero: “Lecciones vendo y para mí no tengo”.
Los defensores del Pueblo de España y de Cataluña –para colmo- han mantenido posturas divergentes sobre los lazos amarillos. El primero claramente opta por la neutralidad de los espacios públicos y el segundo lo matiza más de lo política y jurídicamente admisible.
El debate sobre la autodeterminación es endiablado. La reflexión que se hace desde la Moncloa es que si no tienen los tres quintos necesarios para modificar el Estatuto en el Parlamento de Cataluña ¿cómo afrontar la autodeterminación? La otra demanda es igualmente inasumible. Que el gobierno haga cambiar de opinión a la Fiscalía General del Estado para que se cambien los cargos y se excarcelen a los presos. La fiscalía lo podrá, o no, hacer pero tiene que ser por motivaciones jurídicas, no políticas.
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