La exdirectora de Trabajo del Ministerio Soledad Córdova -investigada por el ERE de la Faja Pirítica- y la letrada de la Cámara de Cuentas Margarita Regli, a raíz de cuyo informe se modificó el del órgano fiscalizador sobre las ayudas de los ERE, no testificarán en el juicio de la pieza política.
Se trata de dos testigos importantes para las tesis de las defensas de varios de los 22 ex altos cargos de la Junta procesados por prevaricación y malversación, cuyo juicio se ha reanudado hoy tras el parón estival durante el cual el juez, Juan Antonio Calle, ha confiado en que los letrados "hayan descansado este mes", al darles la bienvenida al inicio de la sesión.
En el caso de Regli -cuya declaración ya fue suspendida antes de verano por problemas de salud-, ayer mismo remitió al tribunal de la Sección Primera un informe médico que indicaba que no está en condiciones de acudir al juicio, conclusión que ha sido ratificada por el forense judicial tras examinarla, según ha informado el juez.
Tras ello, las defensas que habían solicitado su comparecencia -entre ellas las del expresidente José Antonio Griñán o las exconsejeras Magdalena Álvarez y Carmen Martínez Aguayo- han renunciado a que comparezca y han pedido que se dé por reproducido su testimonio durante la instrucción, si bien otros letrados como la del exconsejero Francisco Vallejo han solicitado que dicha declaración sea excuchada en el juicio.
El tribunal ha pospuesto su decisión al respecto hasta mañana.
En cuanto a la declaración de Córdova, solicitada por la defensa del exconsejero de Empleo José Antonio Viera, ha decaido de la lista de testigos al renunciar a ella dicha defensa.
Córdova fue directora de Trabajo del Ministerio con Gobierno del PSOE y el PP (1991-2004) y está investigada en la pieza separada sobre el ERE de la Faja Pirítica de Huelva, cofinanciado por los Gobiernos central y autonómico.
En la instrucción de esta pieza, a preguntas de la jueza María Núñez, declaró que la comunidad andaluza tenía competencias para dar este tipo de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis que también existían en el Gobierno central y aunque dijo desconocer el procedimiento que se usaba en Andalucía para concederlas y pagarlas, preguntada sobre si consideraba que la Junta había incurrido en alguna ilegalidad al respecto respondió que "para nada".
La defensa del exdirector de Trabajo Javier Guerrero tenía especial interés en esta testigo para respaldar su línea de defensa según la cual la normativa estatal, concretamente una orden de 1995, amparaba el sistema de las ayudas de la Junta investigado, pero al renunciar a su testimonio la defensa que la había propuesto no será llamada.
El abogado de Viera, José Manuel Herrera, ha justificado en declaraciones a Efe su renuncia en que han considerado que la cuestión de la existencia de un marco legal para las ayudas de los ERE ya ha sido suficientemente tratada en el juicio y no es tan relevante a efectos de la defensa del exconsejero.
El abogado de Viera también ha renunciado a que declara la que fuera secretaria del exconsejero Isabel Alonso.
Por su parte, la defensa del exconsejero Antonio Fernández también ha renunciado a un testigo que estaba citado para hoy, el exdirector de Formación para el Empleo Juan Manuel Fuentes Doblado, al no haberlo podido localizar.
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