El nuevo líder del Partido Popular, Pablo Casado, al que el ganador del concurso de lanzadores de huesos de aceitunas de Murcia y secretario general, Teodoro García Egea, siempre llama “el presidente Casado”, ha realizado una propuesta para abrir el curso político: Continuar la política de Mariano Rajoy y derogar por una nueva ley la de la Memoria Histórica y sustituirla por una de la concordia.
La ley ya fue derogada, no ”de iure” pero sí “de facto”, por el gobierno Rajoy, que suprimió en Consejo de Ministros la oficina de Víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura, un organismo creado por el Gobierno de Zapatero para coordinar la exhumación de desaparecidos y dejó sin fondos todas las tareas que ordenaba la “Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”, que es como se denomina la llamada ley de la memoria histórica.
La propuesta se complementa con la creación de una nueva fundación –Fundación de la Concordia y la Libertad- contando con el presidente ya nombrado, el hijo de Adolfo Suarez, -Adolfo Suárez Illana- que se empleó a fondo pidiendo al rey que le diera el título de duque de su padre y se lo quitara a su sobrina, hija de la primogénita del Presidente Suárez. El Ducado de Suárez, con Grandeza de España, un título que a la muerte del expresidente del Gobierno debía pasar a Alejandra Romero Suárez, hija de María Amparo Suárez, fallecida de cáncer. Él lo quería para él mismo, saltándose el orden sucesorio, por ser varón y llamarse Adolfo. La concordia, el apego a la ley y a la libertad y el feminismo brotan por todas partes.
Las honras y honores a los victoriosos de la contienda civil, en propiedades, títulos, boletín oficial, prebendas, monumentos e inscripciones en fachadas de catedrales y templos fue la norma durante todo el periodo de gobierno de Franco y de Arias Navarro. Se hizo una Constitución, se promulgaron amnistías, pero miles de españoles siguieron en las cunetas y fosas comunes sin un enterramiento digno y reconocible. Ése es el resumen de la ley y el reto de Pedro Sánchez. Una tarea que se ha demorado años –lo mismo que el traslado de los restos de Franco- porque todo parecía demasiado reciente.
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