El Consejo de Ministros inicia hoy el procedimiento para exhumar a Francisco Franco del Valle de los Caídos, con la aprobación de un Acuerdo de incoación que abre el plazo para que la familia del dictador presente alegaciones.
Lo presidirá la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ya que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se encuentra esta semana en una gira por cuatro países de América Latina y acudirán todos los ministros excepto el titular de Asuntos Exteriores, Ue y Cooperación, Josep Borrell.
Ese plazo, de 15 días, permitirá a los afectados por la exhumación presentar alegaciones, personarse o comunicar el lugar donde desean que sean sepultados los restos de Franco.
Se trata de un trámite técnico con el que el Ejecutivo inicia un proceso que, calcula, puede demorarse hasta final de año.
La tramitación para desenterrar los restos de Franco se inició el viernes pasado con la aprobación por el Gobierno del real decreto que reformará la Ley de Memoria Histórica y que tiene que ser convalidado en el Congreso.
Si, en el plazo de 15 días que se inicia con el Acuerdo de incoación, la familia Franco no comunica al Gobierno el lugar donde quiere que sea enterrado el dictador, será el Ejecutivo el que decida dónde será la nueva inhumación "asegurando una digna sepultura".
Para ello, deberá solicitar la asignación del correspondiente título de derecho funerario al ayuntamiento en el que vayan a ser enterrados y un informe no vinculante al órgano competente de la comunidad autónoma en materia de sanidad mortuoria, para que sea emitido en el plazo máximo de un mes.
Concluidas estas actuaciones, se volverá a dar un plazo de diez días a los interesados (incluida la familia) para que presenten alegaciones y, transcurrido este, el Consejo de Ministros, mediante "Acuerdo motivado" resolverá si procede la exhumación y el traslado de los restos y su destino.
En el Consejo de Ministros también se aprobará la creación del Consejo Asesor para la revisión de la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde una perspectiva de género y la concesión directa de una subvención a las ciudades de Ceuta y Melilla para la mejora de la atención prestada en los centros de acogida de menores extranjeros no acompañados.
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