El presidente del PP isleño, José Loaiza, ha exigido explicaciones a la alcaldesa, Patricia Cavada, tras conocerse la sanción firme al Ayuntamiento por infracción grave de la Ley de Costas.
El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ha publicado este lunes la relación de sanciones impuestas una vez firmes en el segundo trimestre de 2018 y aparece el Consistorio isleño, con una multa de 15.979,07 euros, por infringir el artículo 90.2 c) de la Ley de Costas, que considera infracción grave “la ejecución no autorizada de obras e instalaciones en el dominio público marítimo-terrestre, así como el aumento de superficie, volumen o altura construidos sobre los autorizados”.
Concretamente esta sanción, publicada inicialmente en marzo de este año y recurrida por el Gobierno local, se produjo por la ocupación del dominio público marítimo terrestre en la primera fase de la carretera de la playa de Camposoto a principios de 2017.
Loaiza ha lamentado que los isleños tengan que pagar las consecuencias del desprecio a la ley por parte del Gobierno de los socialistas y andalucistas y ha exigido que se depuren responsabilidades. No obstante, ha señalado que es lo habitual en este mandato: los vecinos se hacen cargo de las facturas de los desmanes de Cabada, como el gasto de más de 400.000 euros en un nuevo despacho, y Cabada no da la cara.
El dirigente popular ha considerado lamentable que quienes tengan que mostrar una conducta ejemplar, con escrupuloso respeto a la normativa vigente, se la salten de manera premeditada y de manera reincidente.
Asimismo, ha cuestionado la estrategia de comunicación del Gobierno local, que acusó al PP de cacería por informar a los isleños de la sanción en primer término, cuando "lo único grave es que el Gobierno de Cavada se había saltado la ley y trataba de ocultarlo".
La sanción de Costas es un nuevo aviso a navegantes de cómo se las gasta el organismo del Estado en San Fernando independientemente del Gobierno de Madrid. Ya tumbó el proyecto de nuevos usos del Parque de la Historia y el Mar igualmente por un problema burocrático, al encomendarse el Ayuntamiento a la Junta en vez de al Ministerio de Medio Ambiente.
El Ayuntamiento está realizando también obras en la carretera de la playa que por ahora se suponen escrupulosamente legales.
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