Las palabras de Espadas, que probablemente compartan numerosos andaluces, fueron ayer muy criticadas por la parlamentaria popular, Teresa Ruiz-Sillero, que volvió a insistir en que la Junta debe correr con un tercio de los gastos de este proceso.
“Al igual que ayuda a la reconstrucción de casas cuando quedan demolidas por un incendio, la Junta debe colaborar económicamente en la regularización de las viviendas ilegales, porque esto también es un problema social”, apuntó Ruiz-Sillero durante la rueda de prensa que ofreció ayer.
La otrora concejal en el Ayuntamiento chiclanero expresó su “certeza” de que todos los que se han construido una vivienda ilegal en el municipio “quisieron hacerlo legalmente pero como el plan no estaba vigente tuvieron que hacerlo sin licencia, porque no tenían otro sitio donde vivir. No se iban a ir debajo de un puente”, apuntó.
Pese a la insistencia que ahora muestra el PP en solicitar dinero a la Junta para este proceso de regularización, cabe recordar que mientras estuvo al frente de la ciudad, este mismo partido intentó aprobar una ordenanza de regularización en la que no se concretaba ninguna aportación de la Administración autonómica. Preguntada por esta incoherencia, Ruiz-Sillero se limitó a responder que la ayuda la tenían solicitada.
Por otro lado, Ruiz-Sillero dudó del inventario de viviendas ilegales realizado por la Junta de Andalucía y que ha permitido concretar que hay un total de 15.007 edificaciones ilegales. Según la parlamentaria del PP, en la ortofoto de la que se extrae esa cifra “no había marcada ninguna vivienda ilegal en El Sotillo, cuando esta zona es un área de gestión básica”. La popular volvió a insistir en que en el municipio existen 40.000 construcciones ilegales.
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