El portavoz parlamentario de IU-CA, Diego Valderas, advirtió ayer de que la sombra del "tráfico de influencias" planea sobre la tramitación administrativa del proyecto promovido por el Grupo Gallardo para construir una refinería petroquímica en Los Santos de Maimona (Badajoz) con un oleoducto que atravesará las provincias de Huelva y Sevilla para desembocar en el océano Atlántico, asegurando la consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Cinta Castillo, que su departamento "nunca ha defendido" la iniciativa y que corresponde al Gobierno central la autorización o denegación de los permisos que requiere el proyecto.
Durante la Comisión de Medio Ambiente celebrada ayer en el Parlamento andaluz, Diego Valderas aludió al "varapalo" contenido en el documento evacuado desde la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente hasta la Dirección General de Industria y Energía de la Administración central en cuanto al estudio de impacto ambiental aportado por la empresa para dicho proyecto, un documento recogido por Europa Press y que advertía de que el estudio del grupo Gallardo "no analiza en profundidad" el protocolo de actuación en caso de vertido accidental en un acuífero, careciendo además de "análisis alguno" de un posible vertido accidental en el medio marino.
En dicho documento, de 36 páginas, reclamaba la Consejería de Medio Ambiente un "correspondiente análisis" de los posibles impactos sobre los lugares declarados de Interés Comunitario (LIC) y los hábitat naturales, además de "una valoración de los riesgos" del incremento del tráfico de petroleros en la costa onubense "en cerca de cien" buques al año.
Además, recoge el documento hasta diez espacios naturales declarados LIC afectados por el "conjunto" de las alternativas contempladas en el proyecto por lo que al oleoducto se refiere, las Marismas del Odiel, el estuario del río Tinto, la dehesa del Estero y Montes de Moguer, la Laguna de Palos, las dunas del Odiel, la marisma y ribera del Tinto, el corredor ecológico de este río, Doñana en el norte y el oeste, el corredor ecológico del río Guadiamar y la sierra de Aracena y Picos de Aroche, advirtiendo de que el estudio de impacto ambiental "debe profundizar con mucho más detalle la incidencia" sobre los hábitat de Interés Comunitario.
A partir de este documento, Valderas advirtió de que el Gobierno andaluz se ha limitado a enviar "el balón" a los ministerios de Medio Ambiente, Rural y Marino y de Industria, en lugar de adoptar una "posición" frente a la amenaza de "una herida de graves riesgos medioambientales" para Andalucía, que "no recibe" contraprestaciones.
El dirigente de la federación de izquierdas recordó que el nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía recoge "competencias compartidas" con el Gobierno central en cuanto a la instalación de infraestructuras del citado oleoducto, que atravesará 15 términos municipales andaluces, y exigió de nuevo a Castillo que "se posicione" frente a un proyecto que rompe los "compromisos" de la Junta en materia medioambiental y el propio discurso de investidura de Manuel Chaves.
Valderas llegó incluso a acusar de "tráfico de influencias" al PSOE porque desde su perspectiva el proyecto promovido por el grupo Gallardo goza de "complicidad desde la familia socialista" pese a contener "graves riesgos medioambientales".
Frente a estas acusaciones, Cinta Castillo informó de que el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino ha remitido a la Administración andaluza un documento en cuanto a las "consideraciones ambientales" adoptadas por la promotora del proyecto a en función de las "propuestas" emitidas por la Consejería de Medio Ambiente, lo que le llevó a insistir en que la Junta de Andalucía no es la instancia "competente" para autorizar o paralizar esta iniciativa empresarial.
Su misión, según dijo, es "asegurar que son tenidas en cuenta todas las indicaciones" de la Junta de Andalucía en cuanto a la conservación y protección del medio ambiente por lo que a este proyecto se refiere, por lo que será el Gobierno central la administración que "otorgue los parabienes o negativas" al grupo promotor del proyecto.
En ese sentido, advirtió a Valderas de que la Junta de Andalucía "nunca ha defendido el proyecto" y se remitió, de hecho, al contenido del documento elevado a la Dirección General de Industria y Energía. "Hemos presentado alegaciones desde todos los puntos de vista para garantizar que no haya daño medioambiental", dijo antes de retar a Valderas a aclarar sus acusaciones sobre "intereses ocultos y tráfico de influencias".
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