Garzón admitió el recurso que presentó la Fiscalía contra la puesta en libertad de Aranalde que acordó el juez Eloy Velasco –que sustituía a su compañero mientras éste estaba de vacaciones– y ordenó su ingreso en prisión por un delito de tenencia de explosivos como miembro de un grupo de apoyo al comando Donosti de ETA.
Sin embargo, añadieron las fuentes consultadas, cuando las Fuerzas de Seguridad fueron a notificarle el auto de ingreso en prisión y detenerla Aranalde ya había desaparecido de su domicilio en Ibarra (Guipúzcoa).
Velasco también retiró el pasaporte a la etarra y fijo comparecencias semanales, medidas que, junto con la puesta en libertad, recurrió la Fiscalía al considerar que existía un alto riesgo de fuga de la etarra.
Aranalde fue extraditada por Francia hace una semana pero sólo para enjuiciarla por el delito de tenencia de explosivos y no por su presunta participación en la colocación de varios artefactos explosivos en gasolineras de Madrid en plena operación salida del puente de la Constitución en 2004.
Al parecer, el Tribunal de Apelación de París, que tramita la Orden Europea de Detención y Entrega (OED) librada contra Aranalde por esta última causa, extravió la documentación de esa euroorden, lo que obligó a que el juez Ismael Moreno –en sustitución de su compañero Santiago Pedraz, instructor de la causa– cursara de nuevo a Francia la OED la semana pasada.
Aranalde, detenida en marzo de 2005 en Montpellier, está reclamada también por otra causa abierta en el Juzgado Central de Instrucción número 2 por colaboración con organización terrorista, aunque en junio de 2008 la Cámara Correccional del Tribunal de Gran Instancia de París la condenó a seis años de prisión por asociación de malhechores con fines terroristas.
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que ayer emitió una orden de busca y captura contra la etarra Maite Aranalde al constatar que se encuentra en paradero desconocido, ya advertía del riesgo de fuga de la terrorista en el auto de prisión.
En esa resolución, Garzón estimaba el recurso que la Fiscalía interpuso contra la decisión de otro magistrado del mismo tribunal, Eloy Velasco, de dejar en libertad a Aranalde bajo fianza de 12.000 euros al considerar que iba a ser previsiblemente absuelta en la causa por la que Francia concedió su extradición hace una semana, ya que un etarra acusado de los mismos hechos había sido exculpado.
Para Garzón, sin embargo, “el hecho de que exista una sentencia absolutoria” en el caso de Iker Olabarrieta, acusado como Aranalde de un delito de tenencia de explosivos como miembro de un grupo de apoyo al comando Donosti de ETA, “no puede determinar la certeza o presunción de que la procesada vaya a correr la misma suerte”.
“En todo caso, en este momento procesal, el juez debe velar, exclusivamente, porque la procesada no se sustraiga a la acción de la Justicia, riesgo que, en este caso, sólo se concita con la prisión provisional de la misma”, añadía.
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