El Gobierno de Pedro Sánchez considera que el consorcio de diplomacia pública catalana Diplocat, recién reactivado por la Generalitat, "debe limitarse a las competencias autonómicas tal y como señala la Constitución Española", según ha dicho en respuesta a una pregunta parlamentaria planteada por Ciudadanos.
Según dice, el Ejecutivo "asiste con respeto a la decisión del Gobierno de la Generalitat de Cataluña de crear una entidad para promover su imagen" y "espera" que la Generalitat actúe en el marco de la Ley de de Acción y del Servicio Exterior del Estado.
La respuesta lleva fecha del 13 de julio, es decir, antes del acto celebrado esta semana por el presidente catalan, Quim Torra, para solemnizar la reapertura de Diplocat --cerrado en noviembre en virtud de la aplicación del artículo 155 de la Constitución--, pero posterior a que la Generalitat anunciase su plan de volver a ponerlo en marcha.
El nuevo ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, ya había admitido que no se podía prohibir Diplocat que, además, es una entidad de derecho privado, pero que "habrá que ver sus actividades".
Diplocat no fue objeto de las conversaciones que mantuvieron esta semana Borrell y el consejero catalán de Acción Exterior, Ernest Maragall, pero el ministro sí le lanzó una advertencia sobre las delegaciones exteriores de la Generalitat, para dejar claro que deben comunicar las aperturas con antelación para que Exteriores y Hacienda emitan informe sobre ellas.
El Gobierno también ha respondido por escrito al diputado de Ciudadanos Fernando Maura que la estrategia de comunicación exterior del Ministerio que dirige Borrell pretende "presentar una imagen de España acorde a su excelente reputación política internacional".
Para ello, buscará presentar los valores constitucionales, la "ejemplaridad de la transición democrática, la ejemplar trayectoria en el ámbito de la protección de los Derechos Humanos y el funcionamiento del Estado de Derecho".
Por otro lado, el Ejecutivo ha respondido por escrito a una pregunta del también diputado de Ciudadanos Luis Salvador en relación con la investigación de la UDEF sobre el presunto uso para el proceso independentista y para otros fines privados de fondos destinados a la cooperación. Se trata, principalmente, de fondos de la Diputación de Barcelona destinadas a dos organizaciones, Igman Acció Solidaria y Fundació Catmón.
El diputado estaba preocupado por el impacto de este caso en la reputación española en la UE, teniendo en cuenta que España gestiona un gran volumen de cooperación europea --es el tercer país por volumen de fondos gestionados--.
"UN CASO AISLADO"
El Gobierno ha respondido que ha sido "un caso aislado y muy
desafortunado" pero que no ilustra lo que es ni la cooperación española ni sus profesionales. Según dice el Gobierno, "se trata de un presunto fraude cometido por una institución de cooperación descentralizada que no tiene relación alguna con la cooperación de la Unión Europea ni está acreditada para recibir fondos de cooperación delegados por la Comisión".
En todo caso, asegura que existen mecanismos de supervisión para asegurar que los recursos de la cooperación gestionados por comunidades autónomas, ayuntamientos y otros actores "se utilizan de acuerdo con los objetivos, principios y valores de la cooperación española y europea". Cuando se tiene conocimiento de una situación fraudulenta, dice, se activan mecanismos jurídicos para investigarla y corregirla.
En concreto, en primer lugar existe la supervisión financiera de las respectivas intervenciones y tribunales de cuentas autonómicos, y después están los informes de inexistencia de duplicidades. Además, los fondos asignados para la cooperación internacional que gestiona la AECID están sometidos a las normas de transparencia y control.
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