Medios de comunicación y publicidad son dos caras de la misma moneda que han tenido que adaptarse, no sólo a la crisis, sino a la evolución de los soportes clásicos al 3.0, a un nuevo lenguaje digital y a un público más participativo. La crisis puso en jaque a los medios pero también a las empresas de publicidad, y en la batalla han destacado algunos por su falta de ética y sus impagos. Es el caso de la agencia de publicidad OPS, cuya morosidad la ha llevado no sólo a los juzgados sino también a establecer extrañas alianzas y estrategias que están perjudicando, y seriamente, el normal funcionamiento del sector de la comunicación andaluza, perjudicando a medios, agencias de comunicación y a la propia administración. Porque el problema se multiplica cuando el moroso se convierte también en tapón administrativo.
No es el único caso pero es el más evidente. La agencia OPS, que lidera -aún- José Antonio García Fernández, está denunciada por impagos por la práctica totalidad de medios de comunicación de Andalucía, amén de sus propios extrabajadores, pero continúa presentándose a innumerables concursos públicos, ya sea con su propio nombre o a través de empresas asociadas a ella, en los que nunca resulta adjudicataria, recurriendo a la impugnación y paralizando la ejecución de los concursos, provocando retrasos de entre tres y cuatro meses en los procedimientos administrativos públicos que perjudican la promoción de eventos o campañas, la paralización del trabajo de las propias agencias y un perjuicio económico que habría que cuantificar.
Morosidad constatada
La morosidad de OPS y García está constatada judicialmente. Sólo a Publicaciones del Sur le debe más de 76.000 euros, cantidad que se encuentra en estos momentos en varias fases de ejecución o embargo, por no abonar la publicidad que se ha emitido en sus diferentes formatos (prensa, digital, televisión). El sistema de García era sencillo: se presentaba a un concurso para gestión publicitaria de una entidad pública, en muchas ocasiones con bajas consideradas “temerarias”, resultaba adjudicataria OPS, los medios realizaban sus propuestas publicitarias, que emitía o publicaban, pero García nunca se las abonaba, “a no ser que alguien exigiera el dinero por delante, porque necesitaba las propuestas de los medios para cobrar”.
Quien explica el proceder de García es una de las personas que ha llevado a OPS a juicio aunque, en este caso, por impago de nóminas y finiquitos. Porque la propia plantilla de OPS también engrosa la larga sombra del moroso. OPS dejó de pagar las nóminas a sus trabajadores en abril de 2017 y luego los despidió, “sin finiquito ni indemnización ni nada”, relatan, y ni siquiera se presentó al acta de conciliación. El primer juicio lo tendrá en septiembre, el siguiente en octubre y queda otro más por fijar. ¿Cómo podía presentarse a los concursos públicos si no pagaba a la plantilla? “No pagaba las nóminas pero sí los seguros sociales”, explican, relatando que podían ver en la fotocopiadora los documentos que certificaban el pago de las cuotas.
Subterfugios legales
Estos subterfugios legales, que posibilitan que una empresa pueda presentarse a los concursos públicos -que rechazan a aquellas con deudas a la Seguridad Social-, es una de las fórmulas que utilizaba OPS para seguir operando en el mercado de los concursos publicitarios públicos, aunque no es la única, según relatan fuentes del sector, ya que José Antonio García aparecía en más de un centenar de empresas con diversos cargos, una “ingeniería financiera” que le permitió durante cierto tiempo sostener OPS. Hasta que llegaron las denuncias judiciales, las reclamaciones y el propio sector de las agencias de publicidad le tuvo que dar la espalda por el perjuicio que sus prácticas desleales le estaban provocando.
Pero José Antonio García, ya moroso oficial, ha seguido presentando a OPS a los concursos públicos. No ha conseguido ninguna nueva adjudicación pero todos los procedimientos en los que ha estado han terminado impugnados. Campañas publicitarias de las diputaciones de Jaén, Huelva, Cádiz y Málaga, lotes de Turismo Andaluz y la última de la Consejería de Agricultura, han quedado paralizadas por impugnaciones de Avante Comunicación, empresa con la que ha trabajado de forma asociada OPS desde hace años, según relatan las fuentes del sector que han sido consultadas por este medio.
La documentación de los portales de transparencia de las diferentes instituciones públicas confirman que es Avante Comunicación la empresa que mayoritariamente ha impugnado, y fuentes del sector explican con claridad esa posible vinculación: OPS le debía un millón de euros a Avante y siguen trabajando juntos, incluso siendo esta última la que paga el sueldo a la única persona que continúa trabajando con José Antonio García, según relatan.
El efecto de estas impugnaciones, aunque hayan ido siendo desestimadas por falta de fundamento, es automático. Paralizado el concurso hasta que se resuelva, entre dos y cuatro meses según la Administración, las campañas de publicidad no pueden llevarse a efecto (como las de de captación de turistas, por ejemplo), las agencias de medios no pueden planificar ni optimizar las campañas, y los medios de comunicación dejan de ingresar esa publicidad. Y desde el sector publicitario apuntan otro efecto rebote: la posibilidad de que se reduzca el dinero a invertir si se pierden, por ejemplo, tres meses de difusión.
La ética en publicidad
La persistencia de bajas temerarias en las adjudicaciones públicas y el hecho de que las Administraciones primen más la oferta económica que la calidad en la planificación estratégica, la innovación y la creatividad de las campañas llevó el pasado año a la Asociación de Empresarios de Publicidad de Sevilla (AEPS), a la que entonces estaba asociada OPS y a la que no pertenece Avante Comunicación, a denunciar la “deriva del sector publicitario local y regional” y reclamar un funcionamiento más ético, transparente y honesto en los contratos públicos.
Un año después de aquella denuncia, desde la AEPS insisten en que su objetivo es desterrar cualquier tipo de actuación temeraria por parte de las agencias de publicidad o centrales de medios que operan en el sector, incluyendo las impugnaciones que no están sustentadas en criterios de evaluación objetivos, destacando la importancia de que publicistas, administraciones públicas y medios de comunicación cumplan con ese decálogo ético que presentaron en su día.
Entre sus propuestas se incluía “explicar el carácter y modalidad de los costes de obligado cumplimiento que requieren a posteriori la ejecución de los trabajos para que sean incluidos igualmente como costes fijos dentro de los contratos públicos, evitando así ofertas que no ofrecen seguridad jurídica y dificultan la obtención de los resultados esperados”, evitando que se repitieran casos como los generados por OPS.
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