El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha rechazado la entrega a España del expresidente Carles Puigdemont solo por el delito de malversación, al retirar la euroorden que pesaba contra él, lo que abre la puerta a que el exidirigente catalán permanezca hasta 20 años fuera de nuestro país.
Llarena responde así a la decisión de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein que hace una semana resolvió a favor de la extradición de Puigdemont por un presunto delito de malversación de fondos, pero no por uno de rebelión, tal y como solicitaba el juez.
En un auto, el magistrado retira la orden europea de detención que pesa sobre el expresidente catalán, lo que significa que permanecerá en libertad, pero no podrá regresar a España ya que sería automáticamente arrestado -al estar vigente la orden de detención nacional- hasta pasados un mínimo de 20 años, que es lo que tarda en prescribir el delito de rebelión.
Así lo acuerda el juez instructor en un auto en el que también retira la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) y la internacional contra Puigdemont además de otros fugados, como son Toni Comín, Meritxell Serret, Lluis Puig, Clara Ponsatí y Marta Rovira.
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