El portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Sevilla, Javier Millán, que en 2011 participó como funcionario de la Consejería de Empleo en la revisión que se hizo de varios expedientes de ayudas investigados en el caso ERE, describió ayer la documentación analizada como “un monumental ninguneo al Derecho Administrativo”, entre ellas, la de las ayudas a la empresa editora de Diario de Sevilla y Diario de Cádiz, entre otros.
Millán, durante su declaración como testigo en el juicio del caso ERE, se refirió a la documentación que vio de los expedientes de Fertiberia, González Byass, la asociación de trabajadores de la prensa de Cádiz (de la que formaban parte los 36 despedidos de los periódicos del Grupo Joly) y Faja Pirítica de Huelva.
El portavoz municipal de Cs en Sevilla dijo que se “sorprendió” de que figuraran acuerdos de la Junta con una asociación de extrabajadores de una empresa con el compromiso a subvencionar prejubilaciones, antes de que la empresa formalizara un ERE, como informó el Grupo Viva en octubre de 2013. “Todo apunta a que después se intentaba vestir el muñeco”. Al Grupo Joly la Junta le dio 8 millones de euros.
Millán también vio órdenes directas del director general de Trabajo a compañías aseguradoras para destinar el dinero de una póliza a una empresa distinta, los llamados “pagos cruzados”. Y se refirió, igualmente, al expediente de la Faja Pirítica de Huelva, cuya documentación era “un verdadero caos, cajas sin orden... Fue una tarea titánica elaborar este informe”.
Millán también participó en la revisión de las ayudas a González Byass, en cuyo ERE apareció como beneficiario el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, trabajador en excedencia del grupo. “Nos chocó que figurara su fecha de nacimiento como la de antigüedad en la empresa”.
Los diputados andaluces “sabían lo que votaban”
Los expresidentes del Parlamento Manuel Gracia, Javier Torres Vela y Fuensanta Coves coincidieron ayer al asegurar que los diputados tenían información suficiente sobre la partida presupuestaria destinada a las ayudas de los ERE y rechazar que fueran “engañados”.
Los tres testificaron en el juicio del caso ERE. Según Gracia, que presidió la Cámara de 2012 a 2015, los parlamentarios “sabían perfectamente que la finalidad del programa eran ayudas a empresas en crisis”.
Y Torres Vela, presidente de 1996 a 2004, dijo que los parlamentarios “tenían todos los instrumentos para votar de forma consciente”.
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