Los peritos de la Dirección Genral de Seguros del Gobierno, en un informe complementario remitido al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que instruye el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, en el marco de la pieza separada que investiga las sobrecomisiones pagadas en las pólizas de prejubilaciones de los ERE, apuntan que a lo largo de todas las investigaciones se ha observado que "determinados mediadores cobraban comisiones más elevadas de lo que se considera generalizado en el mercado".
El informe, con fecha 11 de junio y al que ha tenido acceso Europa Press, responde al escrito del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla de fecha 16 de mayo en el que se solicita de los peritos, en el marco de la pieza separada por sobrecomisiones, para que emitan análisis sobre un informe de Generali de 21 diciembre 2017, en el que se relacionan dos listados de pólizas de rentas de prejubilación suscritas por esta compañía en distintas comunidades, así como de la declaración testifical de Santiago Villa Ramos, directivo de la misma.
De esta manera, los peritos, durante el informe, van dado respuesta a las cuestiones planteadas desde el juzgado del que es titular María Núñez Bolaños. En este sentido, resaltan los autores del informe que no se pueden pronunciar sobre la legalidad o no de las pólizas suscritas por Generali porque no disponen de la documentación contractual de las mismas ni tampoco de los contratos de agencia de los mediadores actuantes en la intermediación de las pólizas.
No obstante, subrayan que las entidades aseguradoras podrán aceptar la cobertura de riesgos sin intervención de mediador de seguros privados, quienes realizan una actividad mercantil que supone una labor de mediación entre los tomadores del seguro y asegurados, de una parte, y las entidades aseguradoras
autorizadas para ejercer la actividad aseguradora privada, de otra.
Entendiendo por mediación aquellas actividades consistentes en la presentación, propuesta o realización de trabajos previos a la celebración de un contrato de seguro, o de celebración de estos contratos, así como la asistencia en la gestión y ejecución de dichos contratos.
Además, como recoge la Ley de Mediación de 2006, el ejercicio de esta actividad conlleva una retribución pactada entre el mediador y la entidad aseguradora por los servicios prestados, bien a través de un contrato de agencia, si opera como agente, o a través de una carta de condiciones, si es un corredor.
El importe o porcentaje de comisiones "no está tasado por ley y por tanto estamos ante un mercado libre", según indican, al tiempo que precisan que el coste de la mediación (comisiones) se imputa al importe total del recibo de prima a pagar por los tomadores. El importe de las comisiones a cobrar por los mediadores estará relacionado con el trabajo necesario a desarrollar y por el importe de la prima del seguro.
En las pólizas analizadas, suscritas por Generali, "hemos observado que no consta el nombre del mediador incumpliendo así lo dispuesto en la Ley de Contratos de Seguros".
De otro lado, en referencia a las diferencias entre las comisiones pagadas a los mediadores en las pólizas en las que ha habido financiación por alguna Administración Pública y las financiadas por la Junta. Los peritos, a este respecto, indican que el listado de referencia presentado por Generali no incluye el importe de la prima pagada ni la comisión de cada una de las pólizas; así como tampoco se menciona el mediador que devengó la comisión, lo que indicaría si las comisiones más altas corresponden a los mismos mediadores o no.
No obstante lo anterior, concluyen que la legislación no establece ningún límite al porcentaje ni importe de comisiones a cobrar por parte de los mediadores, pero "a lo largo de todas las investigaciones se ha observado que
determinados medidores cobraban comisiones más elevadas de lo que se considera
generalizado en el mercado".
Con respecto al análisis de pólizas no financiadas por la Junta, señalan que "el importe y el porcentaje de comisiones varían no tanto por el tipo de póliza como por el mediador que intervenga".
Del análisis de las pólizas financiadas por la Junta, señalan, como ya hicieran en un informe de noviembre de 2017, que de los ficheros presentados por Generali sobre pólizas financiadas por la Junta y suscritas entre 2006-2011 (periodo que comprende la investigación de los ERE desde 2001 hasta 2010) se observa que el importe total de primas alcanzó la cifra 382,97 millones y se pagaron 41,23 millones, lo que representa un porcentaje de comisiones del 10,8 por ciento.
CASI EL DOBLE CUANDO ERAN PÓLIZAS FINANCIADAS POR LA JUNTA
Se puede deducir que los mediadores Irson, Ingotor y Uniter cobraban
comisiones alrededor del once por ciento cuando se trataba de pólizas financiadas por la Junta, frente al 6,31 o 5,12 por ciento cuando las pólizas no estaban financiadas por la Junta.
Cabe recordar que la Dirección General de Seguros, en su informe de noviembre del año pasado, concluyó que la Junta pagó en algunos casos hasta un 90 por ciento más por la intermediación en las pólizas financiadas por la administración autonómica que lo que se abonaba en las pólizas no financiadas.
Con fecha 23 de abril de 2013, la Dirección General de Seguros dirigió escrito a tres de las principales corredurías de seguros (Aon Gil y Carvajal, Mercer Consulting, S.L. y Willis Iberia)', con objeto de que informaran sobre la comisión media percibida por la mediación en pólizas de seguros de rentas de prejubilación vinculadas a expedientes de regulación de empleo, en las que hubieran intermediado en el periodo 2000-2011. Asimismo, se solicitaba el detalle respecto a pólizas financiados por organismos públicos o privados.
En conjunto, el porcentaje de comisiones más elevadas cobradas por los dos corredores que realizaron la intermediación de pólizas financiadas por las Administraciones Públicas, Mercer Consulting, S.L y Willis Iberia, fue del dos por ciento (Willis Iberia en 2002 y 2010) y el tres por ciento (Mercer consulting en 2009).
El porcentaje medio de comisiones totales pagadas por la entidad aseguradora BBVASeguros a los mediadores, en el caso de pólizas de seguros financiadas por la Junta de Andalucía, era del nueve por ciento, frente al cinco por ciento en el caso de pólizas no financiadas. Esto supone que el importe de las comisiones pagadas por la intermediación de pólizas financiadas por la Junta de Andalucía era "un 80 por ciento más elevado" que las comisiones por pólizas no financiadas.
En el caso de la entidad aseguradora BBVASeguros, los dos mediadores que intervinieron en pólizas financiadas por la Junta de Andalucía fueron Inversiones Fafner SL y Rokiblau. La media de las comisiones cobradas por Inversiones Fafner en el caso de pólizas financiadas fue del ocho por ciento, mientras que en pólizas no financiadas la comisión media era del cinco por ciento. Esto supone que cobraba comisiones por las pólizas financiadas un 60 por ciento más caras que las demás.
En el caso de Rokiblaula media de comisión cobrada por pólizas financiadas era del 13 por ciento, mientras que la comisión media de las pólizas no financiadas descendía al dos por ciento, lo que supone que cobraba comisiones por las pólizas financiadas un 550 por ciento más elevadas que las demás.
La nota técnica de la aseguradora Generali España fijaba un máximo del dos por ciento en el porcentaje de comisiones a pagar a los mediadores. Sin embargo, las comisiones pagadas a los mediadores Irson e Ingotor alcanzaban el once por ciento cuando se trataba de pólizas financiadas por la Junta de Andalucía, bajando el porcentaje de comisiones al 5,21 por ciento y 6,3 por ciento cuando las pólizas no estaban financiadas. Por tanto la intermediación en pólizas financiadas era un 90 por ciento más cara que las no financiadas.
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