El vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, ha declarado hoy que desconocía la línea de ayudas investigadas en el caso ERE pese que siendo alcalde de Chiclana de la Frontera (Cádiz) pidió una feria de muestras municipal en 2003, al asegurar que se solicitó colaboración a "múltiples instancias".
Jiménez Barrios ha declarado como testigo, a petición de la acusación popular del PP-A cuyo abogado es el único que le ha formulado preguntas, en la pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta acusados de prevaricación y malversación por crear o mantener un "procedimiento específico" con el que el Gobierno andaluz repartió durante una década 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo el control, según la Fiscalía.
Gran parte del interrogatorio ha versado en la ayuda de 24.000 euros que con cargo al fondo de los ERE recibió el Ayuntamiento de Chiclana siendo él alcalde para una feria de muestras, una ayuda que durante la revisión que hizo la Junta fue declarada nula y se pidió su reintegro en 2013 si bien según ha revelado Jiménez Barrios, el alcalde en ese momento lo recurrió por la vía contenciosa y ganó el pleito al Gobierno andaluz.
El actual vicepresidente andaluz (llegó al Gobierno en 2013 al asumir la presidencia Susana Díaz tras la dimisión de José Antonio Griñán, precisamente por el caso ERE en el que está siendo juzgado) ha declarado que "en absoluto" conocía la línea de ayudas de la Consejería de Empleo antes de saltar el caso durante su etapa como alcalde y presidente de la FAMP.
Cuando el letrado del PP-A le ha exhibido una carta del 13 de enero de 2003 firmada por él como alcalde de Chiclana y dirigida al entonces delegado provincial de esta consejería en Cádiz, Agustín Barberá (también acusado por su etapa como viceconsejero) solicitando una ayuda para una feria de empleo local, Jiménez Barrios ha señalado que era una "carta tipo" que se dirigió a "múltiples instancias" como entidades bancarias o la Diputación.
El testigo, que a la salida de su breve declaración ha calificado de "infame" su citación por el PP como "estrategia política", ha recordado que la Junta aportó 24.000 euros a una feria que costó 300.000 y que los gastos sufragados con dicha subvención fueron justificados.
Igualmente ha defendido la actuación de la Junta como parte en la causa al reservarse emprender acciones civiles tras retirarse de la vía penal en la pieza política (sigue en piezas separadas) alegando criterios técnicos de los servicios jurídicos.
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