Un funcionario de la Consejería de Empleo que participó en el 2011 en la revisión de las ayudas investigadas en el caso ERE, tras saltar el caso judicial, ha dicho que detectaron 188 personas sin derecho a cobrar, entre ellos prejubilados que trabajaban y herederos de beneficiarios fallecidos.
Rafael Ángel Silva ha declarado como testigo en la pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta -entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán- acusados de prevaricación y malversación por crear o mantener un "procedimiento específico" con el que el Gobierno andaluz repartió durante una década 850 millones en ayudassociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo los controles, según la Fiscalía.
Silva fue coordinador de la Viceconsejería de Empleo entre el 2010 y el 2012 y participó en la comisión de información reservada que se creó en enero del 2011, por orden del viceconsejero Justo Mañana, para revisar los expedientes de concesión de ayudas a raíz de estallar la investigación judicial tras detectarse los llamados "intrusos" en el ERE subvencionado de Mercasevilla, germen de la macrocausa.
Según ha explicado, analizaron 69 expedientes y sólo "en una minoría", en torno al "15-20 % de los casos" había solicitud, y sólo en las ayudas dadas a partir del 2008 constaba una resolución formal.
Se detectaron 77 beneficiarios que no habían trabajado en las empresas en cuyo ERE figuraban y otros 111 casos con "irregularidades administrativas", entre las que ha citado que cobraban personas que tras recibir una renta de prejubilación volvieron a trabajar por cuenta ajena y la siguieron cobrando así como "herederos de beneficiarios fallecidos".
También detectaron perceptores de "rentas vitalicias" y no vieron ni expedientes de gasto ni mecanismos de control posterior del destino de las ayudas o informes del Gabinete Jurídico para la concesión de las ayudas.
En marzo del 2011 entregaron al viceconsejero sus informes de la revisión y en abril se pidió un informe al Gabinete Jurídico para determinar si los actos de resolución de las ayudas eran nulos, y en mayo se dictaron dos resoluciones para incoar expedientes en aquellas que se detectaron irregularidades y para reanudar el pago paralizado desde febrero al resto de beneficiarios legítimos.
En la revisión, también ha reconocido que se detectaron los llamados "pagos cruzados", órdenes de la Dirección General de Trabajo a la agencia pública IDEA (a través de la cual se pagaban las ayudas con dinero que Empleo le remitía mediante transferencias de financiación) para que fondos destinados inicialmente a las prejubilaciones de una empresa se usaran para pagar otras.
Preguntado por el abogado del exdirector de IDEA Miguel Ángel Serrano si IDEA conocía ese destino final para otra empresa o eran órdenes que el director general de Trabajo daba directamente a las aseguradoras, el testigo ha expuesto que en la documentación aparecía una comunicación directa a las aseguradoras.
Además, en el archivo de IDEA donde consignaba todos los pagos de estas ayudas que realizaba "esos pagos no están" por lo que "cabe deducir que IDEA no conocía el desvío que se producía".
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