Ecologistas en Acción ha solicitado al ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, que a la "mayor brevedad" levante el secreto que pesa sobre un documento del Departamento de Energía de EEUU de 2015 que consideran "clave" para el procedimiento contencioso-administrativo que se sigue en la Audiencia Nacional con el objetivo de que se obligue al Gobierno a ejecutar el Plan de Rehabilitación aprobado en 2010 para la limpieza los terrenos contaminados con radioactividad en Palomares, en Cuevas del Almanzora (Almería).
El colectivo, que impulsó el pleito, sostiene que el citado documento propuso al Ejecutivo español "alternativas" con el fin de "reducir los costes" del traslado a EEUU para su almacenamiento de la tierra radioactiva recogida durante la limpieza y provocó un "cambio" de criterios radiológicos en el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), lo que llevó a "reducir" la cantidad de tierra radioactiva a tratar de los 50.000 metros cúbicos previstos en el plan de 2010 a 28.000 metros cúbicos.
"Si se reduce el volumen de tierra a tamizar, el CSN reconoce que la limpieza no será total y habrá que aplicar restricciones de uso al menos en la zona 6 de los terrenos contaminados, correspondiente a la Sierra Almagrera", traslada Ecologistas en Acción al ministro Borrell en una carta a la que ha tenido acceso Europa Press.
La petición llega después de que la Audiencia Nacional (AN) haya rechazado por segunda vez incorporar al procedimiento contencioso-administrativo como prueba el citado documento, entre otros.
En un auto de diez páginas, consultado por Europa Press, la sala hace suyos los argumentos esgrimidos por la Abogacía del Estado y remarca que se trata de documentos "clasificados, cuya confidencialidad impide la admisión como medios de prueba.
En su carta, Ecologistas en Acción expone al ministro que urge levantar el secreto "antes de que finalice el periodo de prueba, pues se trata de un documento clave en el pleito" y lamenta "los obstáculos que nos estamos encontrando para conseguir que se almacenen temporalmente los residuos radiactivos de Palomares a la espera de asignarles un almacén definitivo".
Recuerda que el CSN, en sesión celebrada el 5 de mayo de 2010, aprobó el Plan de Rehabilitación de Palomares (PRP), consistente básicamente en tamizar unos 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada para reducirlos a unos 6.000 metros cúbicos y ser trasladados a EEUU.
"Posteriormente el CSN, en sesión celebrada el 22 de julio de 2015, modificó los criterios radiológicos a aplicar en Palomares y redujo la cantidad de tierra a tratar de 50.000 metros cúbicos a 28.000 metros cúbicos aproximadamente", añade para atribuir el citado cambio a la necesidad de firmar un acuerdo con el país norteamericano.
"Una vez aprobada por el CSN la reducción del volumen de la tierra a tamizar en la sesión celebrada el 22 de julio de 2015, se produjo la firma del acuerdo de intenciones Kerry-Margallo de 19 de octubre de 2015 que de aplicarse, no solucionaría el problema", afirma el colectivo en su misiva a Josep Borrell.
Por último, indican que este y otros tres documentos denegados por la Audiencia Nacional han sido declarados confidenciales en aplicación de la Ley de Secretos Oficiales de 1968 que aún está en vigor pero que "solo contempla la posibilidad de declarar secreto un documento en caso de que afecte a la seguridad o defensa nacionales".
"En este caso es materialmente imposible que un accidente ocurrido en 1966 pueda afectar en la actualidad a la seguridad o defensa nacionales", destaca para concluir que el CSN está responsabilizando al Ministerio de Asuntos Exteriores "de la falta de transparencia en la limpieza de Palomares" según se desprende de su escrito de contestación a la demanda cuando el "motivo fue para ocultar que estaban aceptando reducir el volumen del material radiactivo a tratar para reducir el coste del almacenaje, en detrimento de la salud de los habitantes de la zona de Palomares".
"IMPOSIBILIDAD" DE EJECUTAR EL PLAN Y FIJAR UN PLAZO
En su contestación a la demanda, la Abogacía del Estado también ha admitido la "imposibilidad" tanto de poner en marcha "actualmente" la rehabilitación de los terrenos contaminados como de "fijar un plazo" para la ejecución del plan aprobado en 2010 ya que éste tiene carácter "preliminar" y solo esboza líneas generales sin dar "pleno cumplimiento a todos los requisitos del Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes (Rpsri) y el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR)".
Ha reconocido, en esta línea, que la "ayuda" de EEUU para la gestión de los residuos radiactivos generados por la restauración de terrenos contaminados es de "importancia primordial para dar solución definitiva a este problema", ya que España "no tiene instalaciones para el almacenamiento definitivo de estos materiales contaminados con plutonio" y ha revelado que "no existe acuerdo para la gestión final de los residuos" generados.
Por último, ha trasladado a la Audiencia Nacional que la actuación llevada a cabo en la pedanía almeriense hasta el momento, con la expropiación de tierras y el vallado de áreas, "garantiza que actualmente no se supera la dosis" legal para los miembros del públicos y que la actividad radiactiva en el exterior del vallado "tiene valores de concentración que no ha requerido establecer restricciones ya que su impacto radiológico no se considera significativo".
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