El comité de empresa de la Delegación Territorial de Igualdad Salud y Políticas Sociales de la Junta en Cádiz ha denunciado la situación de hacinamiento que se vive en los centros de menores de la provincia como consecuencia de la llegada de pateras a las costas gaditanas.
Alrededor de un centenar de trabajadores de los cinco centros de menores con que cuenta la provincia han protagonizado hoy una concentración ante el centro Manuel de Falla, de Jerez, que a día de hoy acoge a 48 inmigrantes cuando tiene capacidad para atender a 18.
La presidenta del comité de empresa, Isabel Pajuelo, ha calificado de “extrema” la situación que se está viviendo en estos centros, donde “a veces no hay ni ropa” y donde “los chavales no caben ya ni en mantas en el suelo”.
Cuestiones básicas como el aseo personal se ha convertido ya en un verdadero problema, sobre todo cuando llega el fin de semana y “se concentran ciento y pico de chavales” en unas instalaciones que apenas disponen de media docena de duchas.
Antonia Segura, delegada sindical del CSIF, entiende que lo que se está haciendo ya en estos centros “no es acogida, sino hacinamiento” de menores, lo que provoca que los inmigrantes no puedan ser atendidos debidamente y que los trabajadores estén “agotados”.
Manuel Segovia, trabajador del centro de La Línea, advierte además de que los menores están llegando a los centros sin que previamente hayan superado ningún tipo de prueba médica, lo que facilita el contagio de cualquier enfermedad.
En el centro en el que trabaja se han producido ya “dos brotes de sarna” en lo que va de año, con previsión de que la situación vaya a peor porque estos menores “no traen pruebas sanitarias de ningún tipo”.
Lo habitual era que apenas pasadas unas horas de su llegada a los centros, estos jóvenes fueran trasladados a un centro de salud para someterse a un examen médico, algo que ahora no se puede hacer debido al continuo flujo de entrada y salida de usuarios.
La “masificación” que padecen los centros y el origen diverso de los menores favorece que surjan “conflictos” y “peleas” entre ellos, por lo que es frecuente que el personal de los centros deba acudir a la Policía Nacional.
En la provincia de Cádiz funcionan en la actualidad cinco centros de menores dependientes de la Junta de Andalucía, más dos concertados.
La capacidad máxima de cada uno de ellos oscila entre las 24 y las 16 plazas, pero actualmente están atendiendo a alrededor de 400 menores, con un “flujo permanente” de personas.
Desde el comité de empresa se ha hecho un llamamiento a la administración para que responda ante una situación que “no es nueva”, pero que se ha agravado en estas últimas semanas.
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