La jueza María Núñez Bolaños, titular del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, que instruye la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha señalado que se siente "muy cómoda" entre el personal de dicho órgano judicial, y no tiene "ninguna prisa por cambiar de destino".
Así lo señala en una entrevista concedida al canal 'Juzgado de Guardia', del Grupo Joly, publicada este sábado en 'Diario de Sevilla' y recogida por Europa Press, en la que la magistrada apunta que es "una profesional que por supuesto piensa en mejores destinos", pero "por el momento", no ve "muchas posibilidades" de cambio, y, además, afirma que el suyo "es un buen juzgado".
La jueza Núñez señala que está "trabajando mucho" en la instrucción de las macrocausas como la de los ERE, y aunque tiene "la suerte de tener a mi lado un gran equipo de profesionales, y entre todos impulsamos las diferentes investigaciones que llevamos", admite que "no es fácil por la complejidad, pero entre todos avanzamos".
A la pregunta de si se puede aventurar cuándo finalizará la instrucción del caso de los ERE, la jueza responde que "es imposible". "Para que se entienda, es necesario tener en consideración que en esta causa se investigan todas las ayudas directas o sociolaborales concedidas por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía en una década, de los años 2000 a 2010", precisa, para agregar que "cada una de esas ayudas es objeto de análisis por la Guardia Civil del lugar de la sede de la persona física o jurídica beneficiaria: Almería, Jaén, Córdoba, etc., y los agentes elaboran un atestado sobre cada una de ellas".
"Aún hay ayudas sobre las que no se ha realizado el atestado y están pendientes, por lo tanto, de entrar en el juzgado", aclara Núñez Bolaños, que al ser cuestionada por "las últimas intervenciones" de la jueza Mercedes Alaya, primera instructora del caso de los ERE, y "del acuerdo de la junta de jueces rechazando dichas manifestaciones", responde que "poco puedo decir sobre un comunicado de un órgano al que pertenezco y en el que he participado". "Quizás lo único volver a señalar que me siento muy orgullosa de pertenecer a dicho órgano, que está integrado por grandes profesionales y personas", apunta.
Ante la posibilidad de que su decisión de archivar algunas piezas de este caso pueda no ser entendida por la opinión pública, la juez Núñez señala que hay resoluciones dictaminando esos archivos que "han sido objeto de recurso de apelación" y, "por lo tanto, están pendientes de su resolución por la ilustrísima Audiencia Provincial de Sevilla, su Sección Séptima", y al respecto señala que "esas resoluciones que dicte la Sala las acataremos y respetaremos, como no puede ser de otra manera".
En todo caso, remarca que "vivimos en un Estado democrático y de Derecho cuyo fundamento no puede ser otro que el respeto desde todas las instituciones a las resoluciones judiciales y a las normas que conforman nuestro ordenamiento jurídico", y manifiesta que no sabe "si el publico, en general, entiende las resoluciones judiciales, pero lo que sí se debe entender es que las normas están para ser respetadas por todos y en todos los ámbitos de nuestra vida. Y debe entender que las resoluciones judiciales aplican esas normas y deben también ser respetadas", abunda.
"Es legítimo combatir las resoluciones o normas que no se ajustan a nuestro convencimiento, pero para ello deben respetarse los mecanismos legales y huir del descrédito y menosprecio a nuestro orden legal y constitucional. Transmitir lo contrario a nuestra sociedad encierra el riesgo de educar a nuestros menores en el 'todo vale' y 'nada ni nadie se respeta', a ninguna autoridad, ni familiar, ni educativa, ni policial y, mucho menos, la judicial. Ellos, los menores, aprenden de nosotros y no creo que educar en la falta de respeto y desobediencia sea lo correcto", concluye Núñez Bolaños.
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