La quinta sesión del juicio por el caso ‘Huertos de Ocio’ que juzga la sección octava de la Audiencia Provincial quedó resuelta ayer en cuestión de una hora y veinte minutos. Le tocaba el turno a políticos y técnicos del Ayuntamiento y algunos no se alargaron más de cinco minutos ante el tribunal. Así, declararon los ex concejales Miriam Fernández, Juan Carlos Camas y Toñi Asencio, y técnicos que participaron en los consejos de la Gerencia Municipal de Urbanismo (sin voz ni voto), en la época en la que se produjeron los hechos.
Este fue el cargo de Jaime García, director del área de Proyectos; Manuel Collado, responsable de la oficina del Centro Histórico, y José Manuel Muñoz Alcántara, director de Arquitectura y Disciplina, así como la interventora accidental en 2003 y funcionaria de carrera, Milagros Pérez.La gran mayoría ni siquiera sabía qué hacía allí como testigo, mientras que a medida que avanza el juicio, que la semana que viene quedará visto para sentencia, queda más en entredicho la ausencia de otros altos cargos que no han sido citados.
Es el caso del responsable del departamento jurídico del que dependían los dos técnicos procesados por la acusación particular, y contra los que la Fiscalía no ha presentado cargos, como sí ha hecho con el ex alcalde Pedro Pacheco y el ex gerente de Urbanismo Luis Cruz, para los que pide cinco años de prisión.
Lo que sí se puso de manifiesto en la vista con el testimonio de Collado, era el interés de la GMU en hacerse con la bodega Ignacio & Vergara, el edificio de protección del entorno de la calle Medina que la GMU adquirió a cambio del desarrollo de los suelos de San José Obrero en la permuta con Xera Promociones. Collado, que llegó a visitar el inmueble con más técnicos, dijo que la intención era destinarla como sede de la GMU, como manifestó Pacheco en su declaración el primer día, apuntando a esta posibilidad o como espacio de una incubadora de empresas.
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