Unos cinco mil trabajadores del sector del metal de la Bahía de Cádiz han sido llamados a secundar este miércoles una huelga general por la Coordinadora de Profesionales del Metal (CPM) y sindicatos como Autonomía Obrera, CGT, CTA, CNT, Ustea y el SAT.
En una rueda de prensa, los convocantes han explicado que con esta movilización pretenden reclamar el cumplimiento del convenio laboral del sector y carga de trabajo para los astilleros gaditanos.
Además, quieren denunciar el incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en el sector y la siniestralidad laboral que sufre el sector, con casos como la muerte de dos trabajadores el pasado mes de mayo en una nave de Puerto Real.
A la huelga, convocada formalmente por los sindicatos SAT, CGT y Autonomía Obrera, están llamados los trabajadores del sector del metal de la Bahía de Cádiz, que en suma superan los 5.000.
El mismo miércoles que está convocada la huelga se celebrará una manifestación que partirá a las 18:30 horas de la puerta de Navantia Puerto Real y acabará en la plaza de Jesús de la localidad puertorrealeña.
La Federación de Empresas del Metal de Cádiz (FEMCA) ha expresado hoy su total rechazo a las reivindicaciones de la huelga y ha planteado que esta convocatoria "es irregular", ya que entiende que los sindicatos convocantes "no tienen la representatividad suficiente para organizar una huelga en el sector del metal".
En un comunicado, FEMCA incide en que "la normativa laboral es clara al respecto y habilita exclusivamente para la convocatoria de este tipo de acontecimientos a las entidades sindicales que tienen un porcentaje de representación suficiente, que no es el caso de sindicatos convocantes. Al no cumplirse con esta base, la huelga es ilegal".
La representación empresarial se reserva incluso la posibilidad de dirigirse a la vía judicial para depurar responsabilidades en el caso de que a las empresas se les impida funcionar el día 13, según anuncian en el comunicado.
Para FEMCA, "los objetivos que plantean los convocantes en alguno de los casos son absurdos, en el sentido de que el convenio colectivo y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales son ya de obligado cumplimiento".
La patronal sostiene que los objetivos de la movilización "carecen de sentido en el contexto actual", suponen "una grave amenaza para la pequeña industria de la Bahía, que estaría condenada a desaparecer" y desdibujan que "la siniestralidad laboral está en cotas mínimas en los últimos tiempos en el sector".
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