Un jurado popular tiene previsto juzgar a partir de este lunes a un hombre acusado por la Fiscalía de supuestamente acabar con la vida de otro a tiros en Mijas (Málaga) tras recibir el encargo de hacerlo y, presuntamente, dentro de un contexto de enfrentamiento entre organizaciones criminales que operan a nivel internacional. Esta acusación pide que se le imponga prisión permanente revisable.
Según las conclusiones iniciales del fiscal, a las que ha tenido acceso Europa Press, el acusado, que es irlandés, recibió el encargo de una persona desconocida de matar a la víctima, de 30 años y también de la misma nacionalidad, para lo que fue al domicilio de ésta en septiembre de 2015 junto a otra u otras personas desconocidas.
Así, la acusación pública sostiene que mientras el acompañante o acompañantes se quedaron en el coche, que supuestamente había sido sustraído el día anterior también en Mijas, el acusado entró en el recinto residencial donde tenía la vivienda en otro hombre, llevando dos armas de fuego y esperó en el aparcamiento a que llegara la víctima.
Cuando el hombre llegó a su vehículo, señala el escrito provisional de acusación, el acusado, que se había puesto un pasamontañas para evitar ser reconocido, supuestamente lo abordó "de forma sorpresiva y comenzó a disparar sobre el mismo". La víctima logró huir hacia otra zona, pero el procesado lo persiguió llegando a realizar más de 15 disparos.
Tras darle alcance, sostiene el fiscal en su calificación, el acusado, "evitando cualquier posibilidad de defensa" por parte del hombre, que estaba en el suelo casi inmóvil como consecuencia de los impactos recibidos, "le efectuó dos disparos a corta distancia que impactaron en su cabeza, causándole la muerte de inmediato".
Según la acusación pública, el acusado se dio a la fuga y fue recogido por el coche que esperaba en el exterior, para poco después intentar incendiar el vehículo para eliminar cualquier rastro; aunque no lo logró porque intervinieron terceras personas que apagaron las llamas.
El fiscal señala que por inteligencia policial "se tuvo conocimiento de que la muerte de la víctima se sitúa en el contexto de un enfrentamiento entre organizaciones de carácter criminal que operan a nivel internacional, dedicadas entre otras actividades delictivas al tráfico de drogas, y que ha causado varias muertes tanto en España como en el extranjero".
Así, el acusado, según la acusación pública, sería supuestamente miembro de una de esas organizaciones y tenía un elevado nivel de vida en España, disfrutando de viviendas de lujo, coches de alta gama e incluso adquiriendo una embarcación por un precio de 100.000 euros, "pese a carecer de trabajo o medios de vida conocidos".
Por estos hechos se le acusa de un delito de asesinato, por el que el fiscal solicita prisión permanente revisable al enmarcarlo dentro del supuesto de pertenencia a un grupo criminal; y otro de tenencia ilícita de armas, ya que le fue intervenida en su domicilio una pistola y un cargador, por el que se pide una pena de tres años de prisión. Además, insta a que indemnice a los herederos de la víctima con 90.000 euros.
En el momento de la detención del acusado, en septiembre de 2016, la Guardia Civil informó de que este asesinato "supuso el inicio de un enfrentamiento entre dos organizaciones criminales irlandesas", apuntando que como represalia a estos hechos, entre febrero y agosto de ese año se habían producido en Irlanda y Calviá (España) siete asesinatos de miembros de ambas organizaciones.
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