La nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se incorpora en su nuevo destino con un montón de tareas que anotó en su propia agenda cuando aún era consejera del Gobierno andaluz. Sólo tiene que cambiar el verbo. Donde ponía "reclamar" ahora se ve obligada a escribir "conceder". O no.
Financiación autonómica
La Montero consejera fue implacable en la reclamación al Gobierno de Rajoy y el ministro Montoro de un nuevo modelo de financiación para las comunidades autónomas. El expresidente Rajoy se había comprometido a finales de 2016 a convocar al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) antes de que acabara el año que entonces aún no había comenzado. Nunca lo hizo.
La Junta de Andalucía hizo de esta reclamación uno de sus caballos de batalla frente al Gobierno del PP. E incluso tomó la iniciativa de proponer un nuevo modelo de financiación, a la espera de que Rajoy y Montoro movieran ficha, en el que la Junta tendría que recibir cada año 4.000 millones de euros más de los que recibe, y para el que buscó el apoyo de todos los grupos políticos del Parlamento de Andalucía. Lo consiguió, salvo en el caso de Ciudadanos.
Montero, ahora, está obligada a dar los pasos que el Gobierno de Rajoy y Montoro no dio, convocar al CPFF y poner sobre la mesa una propuesta para un nuevo modelo de financiación autonómica. La propuesta andaluza era suya hasta hace muy pocos días. Ahora tendrá que decidir si sigue estando de acuerdo con ella.
Infraestructuras
Entretanto se resuelve el asunto de la financiación autonómica, en el que Andalucía tratará de imponer la población como criterio básico de distribución, Montero se ve también en la tesitura de atender otra de las peticiones que ella abanderó como consejera de Hacienda de la Junta, junto con el titular de Fomento: la reclamación de casi 500 millones de euros más en inversiones en los Presupuestos Generales del Estado para este 2018.
La cifra la calculó la Junta aplicando, de nuevo, el criterio de la población, lo que, de hecho, aparece recogido en el Estatuto de Autonomía. Y, de esta forma, reclama el 18% de la inversión y no sólo el 11%, que es lo que los PGE de este año le dedican, y que representa un total de 864 millones de euros, frente a los 1.300, aproximadamente que reclamaba Montero al PP.
Entre las inversiones urgentes que reclama la Junta se encuentran dos tramos del Corredor Mediterráneo y el eje Algeciras-Bobadilla que conectaría con éste. Los PGE de 2018 contemplan para este proyecto una inversión de sólo 15 millones de euros, que a la Junta se le antojan insuficientes, en comparación con los 1.300 millones que considera que habría que invertir.
El plazo dado por la UE para concluir los trabajos de la infraestructura básica de la red ferroviaria transeuropea, de la que forman parte los tramos Almería-Granada y Antequera-Sevilla, junto con la conexión Algeciras-Bobadilla, concluye en 2023, y a este ritmo de inversiones, la Junta entiende que no se va a llegar. Ahora la ministra María Jesús Montero tiene en su mano acelerar los trabajos.
Fondo de Compensación
El Fondo de Compensación Interterritorial es otro de los caballos de batalla de la Junta, que ha pedido que se eleve hasta los 9.719 millones de euros y que el 37,1% de esa cantidad (es decir, unos 3.604 millones) se destinen a Andalucía. En los PGE de 2018 sólo se contemplan por este concepto 160,9 millones de euros.
Este fondo persigue corregir la brecha entre las diferentes regiones, que según la Junta de Andalucía es de más de 10.000 euros por persona, entre las comunidades más ricas y las más pobres. Con la aportación que el Gobierno central contempla para este fondo, según la Junta, Andalucía recibe sólo 16 euros por persona, con lo que es imposible enjugar la actual brecha.
Las 35 horas
El de la jornada laboral de 35 horas para los empleados públicos es un pulso que la Junta ha echado al Estado, que terminó recurriendo ante el Constitucional el acuerdo de la Junta. Y el TC la obligó a establecer la jornada de 37,5 horas semanales para los trabajadores públicos andaluces.
Más allá de la respuesta que la Junta dio a la sentencia del TC, fijando una jornada de 37,5 horas semanales, de las que sólo 35 horas eran de obligado cumplimiento en el puesto de trabajo, ahora está en mano de María Jesús Montero extender a toda la administración la medida que consideró positiva para los empleados públicos andaluces.
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