“Es que ya no sé como decirlo”. Eran las primeras palabras al bajar del estrado de Luis Cruz de Sola tras dos horas declarando ante el tribunal en el segundo día del juicio por el caso ‘Huertos de Ocio’ que acoge la sección octava de la Audiencia Provincial. El que fuera gerente de la desaparecida Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) entre 2002 y agosto de 2007, no ocultaba su agobio por “contar lo mismo”, tras un largo interrogatorio del Ministerio Fiscal al que siguieron las preguntas de su abogado y otros letrados de la defensa, acogiéndose a su derecho a no declarar al abogado de la acusación particular.
El Ministerio Fiscal le pide la misma pena que al ex alcalde Pedro Pacheco, es decir, cinco años de cárcel por presuntos delitos de prevaricación, fraude a la administración pública y estafa. Su comparecencia que se atascó en varios momentos, con parones de hasta veinte minutos para buscar documentos aportados por su abogado, giró desde el primer minuto en la misma cuestión. Venía de Ajemsa y cuando le propusieron el cargo, dejó claro que “no tenía ni idea de Urbanismo” pero aun así aceptó. “Me dijeron que me querían para gestionar y el secretario me dijo -en alusión a Vicente Bitaubé, ya fallecido- tú todo lo que firmes, lo voy a firmar yo; no vas a firmar nada a lo que yo no haya dado el visto bueno”.
Y así fue, a juzgar por el testimonio de Cruz ante el tribunal. Reiteró por activa y por pasiva, que pese a su condición de gerente de “un monstruo”, como así llamó a la GMU, para referirse a su magnitud y al “trabajo ingente” de las áreas y departamentos, a algunos de los cuales, como dijo, “ni llegué a entrar”, como ocurrió con el Área de Planeamiento, de la que destacó su “enorme complejidad”, lo que exigía “muchos vistos buenos”. Prácticamente, según su declaración, no daba un paso sin que el secretario le hubiera dado el visto bueno previamente, pues su firma siempre estaba estampada en los documentos que él rubricaba luego. “Todo lo que firmaba venía con el visto bueno del secretario. Todas las carpetas me llegaban de secretaría y me limitaba a firmarlos”. Como repitió hasta la saciedad, tenía confianza en los jefes de áreas pero especialmente en Bitaubé, “porque era una persona muy eficaz y con mucha experiencia”, agregó.
Así lo hizo con informes relativos a trabajos “desagradables” por los que “he tenido que cerrar negocios sin licencia legal y hasta iglesias, o echar a gente de sus casas”, cuando venían cotejados con la rúbrica de sus secretarios. Y así lo hizo cuando recibió el aviso del desalojo de los parcelistas de los terrenos de los Huertos de Ocio el 27 de enero de 2003. “Aquello era una simple comunicación de que se iba a empezar a desarrollar el suelo y tenían que empezar a desalojarlo, tenía el visto bueno del director de planeamiento y del secretario. Con documentos de este tipo, prosiguió, poco podía hacer”. Un documento el de esta carta-aviso que, como explicó, estaba ligado a otro informe con fecha del 23 de enero en la que se aprueba el inicio del proceso.
“Esa carta del desalojo era consecuencia directa de esta aprobación”, señaló, tras reconocer que llegó a reunirse con parcelistas afectados en una reunión “bastante desagradable”.
¿Quién tomaba las decisiones en la GMU?Cruz de Sola insistió en que todas las decisiones eran “políticas” y llegaban de la mano del presidente de la GMU, es decir, Pedro Pacheco, y María José García-Pelayo cuando se firmó el pacto PP-PSA. Él acudía a los consejos de administración, donde tenía voz pero no voto. No obstante, según precisó, no solía asistir a las firmas de convenio de escrituras, salvo para casos de asociaciones de vecinos y peñas, con los que sí trataba, y no estuvo en la firma del convenio de permuta entre el Ayuntamiento y la entidad Xera Promociones S.A. para desarrollar los suelos de los Huertos de Ocio a cambio de la adquisición de la bodega Palomino & Vergara, en la calle Medina.
También declaró el segundo técnico procesado por la acusación particular, O.R, que en la misma tónica que F. N. como abogado del Departamento de Asesoría Jurídica, emitió un informe para calificar el contrato y la potestad de la administración para recuperar la posesión de esos bienes inmuebles sin que nadie le pusiera en antecedente de los hechos. Lo hizo por encargo de su superior, el director del Departamento de Asesoría Jurídica de la GMU. En la vista de este jueves declaran los parcelistas denunciantes.
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