La investigación se inició a raíz de la denuncia interpuesta por la ONG Mediterrania, cuyo presidente, Ángel Juárez, ha explicado en conferencia de prensa que los niveles de plomo y cadmio encontrados duplican y multiplican por nueve, respectivamente, los valores permitidos, mientras que otras partículas tóxicas como el PM10 doblan también el umbral permitido.
Ha añadido que algunas de estas partículas pueden generar afecciones respiratorias o procesos cancerígenos y, según sus cálculos, alrededor de 20.000 cordobeses estarían expuestos a esta contaminación ambiental.
De hecho, el decreto de la fiscalía en el que se solicita al juzgado que abra diligencias afirma que las primeras muestras tomadas por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil reflejan que tres empresas (Kme Locsa, Peninsular del Latón S.A. y "Cunext Kooper Industriel) producen emisiones de partículas en suspensión que "pueden llegar a ser muy peligrosas para la salud".
Estos análisis iniciales del SEPRONA dictaminan que las emisiones sobrepasan los valores permitidos, ya que hay 91 microgramos por metro cúbico en valores de PM10 cuando el límite es de 50 microgramos, mientras que encontraron emisiones de plomo de 881 y 1.210 nanogramos por metro cúbico cuando el límite está en 500.
Del mismo modo, se detectaron entre 22,5 y 47 nanogramos de cadmio por metro cúbico, cuando el límite está en 5.
Ante esta situación, la ONG ha pedido al Ayuntamiento y a la Junta de Andalucía que realicen un informe epidemiológico porque la gente que vive alrededor de estas empresas podría estar expuesta a un "grave peligro" de contaminación por exceso de emisión de cadmio y plomo, metales pesados que no pueden degradarse.
Por su parte, el decreto de la fiscalía también señala que estos hechos y el informe del SEPRONA fueron puestos en conocimiento de la Delegación Provincial de Medio Ambiente, quien contestó que esos datos correspondían a una medición puntual que no es suficiente para determinar si generan incidencia en las personas o en el medio ambiente, por lo que sería preciso otro análisis más sistemático que permita acreditar el origen de las emisiones.
No obstante, añadía la Junta que dos de las empresas ya cuentan con expedientes sancionadores por cuestiones similares.
La fiscalía cree que los hechos pueden ser constitutivos de delito contra el medio ambiente y pide al juez que recabe un informe técnico sobre los efectos que podría suponer la emisión de estas partículas en los sistemas naturales y en la salud de las personas.
Por su parte, la ONG ha pedido la dimisión del delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Córdoba, Luis Rey, así como la del delegado de esta área en el Ayuntamiento de Córdoba, Francisco Cobos, porque en su opinión no han cumplido con su obligación de velar por el medio ambiente.
Sobre esta cuestión, Cobos ha respondido en declaraciones a Efe que el Consistorio no tiene competencias en este asunto y que se derivó la denuncia a la Junta de Andalucía para que realizara las actuaciones oportunas".
Por su parte, las empresas Peninsular del Latón S.A. y Cunext Kooper Industriel han declinado a hacer ninguna declaración al respecto.
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