La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada solicita al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que instruye la investigación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, que declare "compleja" la pieza separada que investiga las ayudas recibidas por Hijos de Andrés Molina S.A.(Hamsa)-Primayor desde la Dirección General de Trabajo de la Junta.
En un escrito presentado recientemente en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, cuya titular es María Núñez Bolaños, la Fiscalía traslada a la juez instructora su interés en que se declare la causa como de instrucción compleja, al estimar "razonablemente", vista la carga de trabajo de este juzgado, que la investigación no podrá completarse en el plazo mínimo establecido de seis meses.
Por ello, en el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía Anticorrupción, de conformidad con lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y al concurrir los motivos reseñados en el apartado dos del artículo 324, fijar un nuevo plazo de instrucción inicial de 18 meses.
En una providencia, con fecha de 29 de enero de 2018 y a la que tuvo acceso Europa Press, la juez Núñez acordó abrir cuatro nuevas piezas separadas para investigar las ayudas concedidas a Hijos de Andrés Molina (Hamsa)-Primayor. En este sentido, cabe recordar que Primayor, que cerró en el 2008, compró cuatro años antes a Campofrío la sociedad Cárnicas Molina, que a su vez se había creado en 1999 con la compra de los activos de Hijos de Andrés Molina.
En julio de 2015, cabe recordarlo, la instructora aceptó la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción y acordó dividir en tres grandes piezas separadas la causa, una petición a la que se opuso en reiteradas ocasiones la anterior titular del Juzgado de Instrucción número 6, Mercedes Alaya.
Así, dividió la causa en tres piezas separadas, como son una relativa al procedimiento específico por el que se concedían las ayudas; otra pieza con las sobrecomisiones cobradas por las aseguradoras y los sindicatos en la tramitación de las ayudas, y un tercer bloque no inferior a 200 piezas, una por cada ayuda sociolaboral o directa a empresas.
Esta decisión fue avalada posteriormente por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, que manifestó que la decisión de la juez de dividir la causa en piezas separadas está "amparada en copiosa jurisprudencia, especialmente del Tribunal Supremo", y "se sustenta en argumentos tan relevantes como la complejidad de la causa en cuanto a la complicación en su tramitación".
Así, aseveró que, de mantenerse la causa unida, ello conllevaría "el riesgo de excesivas dilaciones hasta sentenciar aquellas parcelas de hechos de menor complejidad en las que, incluso, puede haber sujetos pasivos que tengan su patrimonio intervenido por vía de la adopción de medidas cautelares, o como la pérdida o debilitamiento de la inmediación necesaria para el dictado de sentencia cuando las sesiones del juicio oral se prolongan indefinidamente en el tiempo, entre otras más".
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