La Sección algecireña de la Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a siete personas por blanqueo de capitales relacionado con el narcotráfico.
Según se recoge en la sentencia, con fecha 14 de mayo el principal acusado, N.A.M., “adquirió” una serie de bienes, valorados conjuntamente en 517.537 euros, “con las ganancias obtenidas del tráfico ilegal de drogas”, mientras que los restantes acusados, M.A.G.R., H.A.B., M-P.B.G., A.F.M., R.A.M.y S.F.H.M.”accedieron a figurar como titulares de los bienes enumerados, conscientes de que el verdadero propietario era N.A.M y que el dinero empleado para su adquisición procedía de ganancias obtenidas del tráfico de drogas”.
En base a esta resolución judicial, la intención, al figurar ellos como titulares, era “evitar que pudiesen ser decomisados como efectos procedentes del delito”.
Y es que N.A.M había sido previamente condenado por diversos delitos, según explica la sentencia. por el Juzgado de lo Penal de Motril, como autor de un delito de tráfico de drogas a la pena de dos años de prisión; en sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal N° uno de Málaga como autor de un delito de falsificación de documentos público; en sentencia dictada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Sección, como autor de un delito de tráfico de drogas, a la pena de diez años de prisión y en 2015, por el Juzgado de lo Penal Número 2 de Ceuta, como autor de un delito de tenencia de arma prohibida.
Entre los bienes adquiridos para el blanqueo del dinero procedente de la droga se encuentran una vivienda situada en Conjunto Residencial Aldea de Getares, en Algeciras; una finca en el edificio Comercial Las Palomas, también de Algeciras; otra finca en la avenida Mercado, de Marbella; otro terreno, en este caso en El Albarracín, en San Roque; y hasta cinco vehículos de alta gama. La sentencia afirma que los ahora condenados Los acusados “carecían de recursos económicos suficientes para la adquisición de los bienes mencionados”.
Las penas para los acusados oscilan entre el año y nueve meses de cárcel para los colaboradores y los dos años y nueve meses para el considerado propietario de las parcelas, viviendas y vehículos, en todos los casos por blanqueo de capitales y con el “atenuante muy cualificada” de dilaciones indebidas, ya que según indica la sentencia el proceso pasó varios meses detenido en el proceso de instrucción injustificadamente. De igual modo, se procedió al decomiso de los bienes inmuebles y vehículos enumerados en el escrito de acusación. En cuanto a las multas económicas, van desde los 50.000 a los 600.000 euros.
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