Andalucía

28 condenas de la Junta por no revisar a tiempo ayudas de formación

La portavoz de Empleo del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Teresa Ruiz Sillero, lo califica de "tremendamente grave"

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  • Teresa Ruiz Sillero -

La portavoz de Empleo del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Teresa Ruiz Sillero, ha asegurado hoy que existen 28 sentencias condenatorias contra la Junta de Andalucía "por no revisar a tiempo los expedientes de subvenciones de Formación para el Empleo", algo "tremendamente grave".

En conferencia de prensa, Ruiz Sillero ha dicho que esto supone que la Junta tendrá que pagar más de cuatro millones de euros a empresas receptoras de ayudas a la formación, "sin que se haya comprobado la legalidad de las mismas", lo que ha calificado como "situación surrealista", por ser "empresas que han recibido ayudas que están bajo investigación judicial, y han presentado recursos en el juzgado para solicitar la liquidación del 25 % del pago final de la subvención".

"Como la Junta de Andalucía no ha revisado esos expedientes, ahora se condena al gobierno andaluz al pago, cantidad a la que hay que añadir el pago de los intereses y de las costas judiciales", lo que sumar, ha dicho, 3,7 millones de euros, de los que 2,3 millones irían a parar "al entramado empresarial de Ojeda".

A estas cantidades, habría que sumar los intereses, en torno a un millón de euros, más las costas judiciales, ha dicho, para añadir que "es el propio abogado de la Junta el que contesta a la Justicia pidiendo que se paralicen esas condenas, "ya que las subvenciones podrían ser declaradas ilícitas penalmente" por la Justicia.

"La Justicia dice que ese asunto está siendo objeto de investigación en la macrocausa judicial, y que la Junta debe cumplir con su obligación y revisar los expedientes", prosiguió la diputada popular, quien lamentó que no sólo "no se esté recuperando el dinero" sino que además "lo sigamos perdiendo", ha dicho.

Igualmente, alerta de que a estas sentencias podrían sumarse más, y ha denunciado que el gobierno andaluz haya "ocultado" estas sentencias a la opinión pública, y que son, afirma, "consecuencia de la estrategia de brazos caídos de la Junta de Andalucía", quien tiene "expedientes sin revisar de hace más de diez años".

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