Esta semana he tenido otra experiencia enriquecedora, compartiendo opiniones con casi medio centenar de personas con diferentes formaciones académicas. Este espacio de encuentro que conforma la I Red contra la Violencia Machista está enmarcado en la Unidad de Igualdad de Género y Diversidad de la Universidad de Huelva y es financiada por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Una de las sesiones formativas y prácticas ha sido especialmente interesante, porque se han seleccionado tres propuestas que Andalucía ha expuesto al Pacto de Estado para la Erradicación de la Violencia de Género. El propósito de abordarlas era plantear la retirada de la patria potestad a aquellos agresores sentenciados por homicidio o asesinado, la retirada de la custodia exclusiva o compartida a los maltratadores y la búsqueda de la idoneidad de las personas que se hagan cargo de la tutela de las personas menores huérfanas de madre víctimas de violencia machista. Plantearnos, a través de testimonios, el drama por el que pasa dicha infancia nos hace tener más claro el impacto tan negativo que supone este “terrorismo machista”. Les ha truncado su niñez, la posibilidad de crecer en una unidad familiar donde cada miembro tiene que cumplir un papel esencial. Son los rostros “invisibles” de una tragedia tan extendida como escasamente abarcable si no se aplican recursos, prestaciones, medidas urgentes y específicas (de prevención, detección, atención, formación, información, sensibilización, concienciación, investigación…) Los datos que salen a la luz de las víctimas directas es sólo la capa más superficial que tiene esta problemática. Incontable si quisiéramos mostrar las “indirectas” (familiares, amistades, entorno próximo). El miedo al agresor, la indefensión, los sentimientos emocionales adversos, los señalamientos ajenos, la pérdida de los recursos materiales, el alejamiento familiar o la huida… generan una incertidumbre continua y un abismo de inseguridades. Si bien es cierto que desde finales de la década de los 80 ha intervenido sin pausa el Instituto de la Mujer, este fenómeno sigue azotando a la sociedad. Pese a que se aplican esfuerzos significativos desde sus ocho centros provinciales, unidades de Igualdad, centros municipales de Información a la Mujer, servicios sociales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otros dispositivos (educativos, sanitarios, judiciales…), esta manifestación irracional de la desigualdad no cesa, evidenciándose incluso un retroceso en estos últimos años. Igualmente, es necesaria la modificación de textos legislativos como el Código Penal o la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya que en nuestro país no hay una aplicación rotunda en el cumplimiento íntegro de las penas para estos depredadores de derechos de las mujeres. Las presentes y nuevas generaciones están creciendo sin que vean sentencias ejemplarizantes en todos los casos de violencia machista. La formación especializada y la concienciación en el “poder judicial” también deben ser “asignaturas” superadas y demostradas por jueces/zas, la magistratura, fiscalía… Es un verdadero atentado y una ruindad que la “manada” se haya librado de los cargos de violación. Desgraciadamente es otro caso de discriminación y vulneración de la integridad que nos afecta a toda la ciudadanía.
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