El exalcalde de Marbella Julián Muñoz ha asegurado hoy durante el juicio que se sigue contra él por irregularidades urbanísticas en varios convenios, que en la localidad malagueña hubo enfrentamientos en materia urbanística por la "cabezonería" del exalcalde Jesús Gil y el expresidente de la Junta Manuel Chaves.
El juicio ha comenzado este martes en la Audiencia Provincial de Málaga y junto a Muñoz, en el banquillo de los acusados, están sentados el exasesor urbanístico Juan Antonio Roca, seis exediles y dos empresarios vinculados con tres sociedades.
Durante su declaración, Muñoz ha insistido en que él siempre cumplió órdenes del fallecido Jesús Gil y que sus relaciones con Juan Antonio Roca fueron "cero", porque su jefe "era el alcalde" y ha lamentado que "tenemos la mala suerte de que todo lo que era ilícito ha muerto".
Ha explicado que lo que ocurrió en Marbella no fue tanto por enfrentamientos políticos en materia urbanística, como por la "cabezonería" de Gil y Chaves y cuando ha querido contar una anécdota de cómo se dirigió en una ocasión Jesús Gil al expresidente de la Junta, la magistrada no se lo ha permitido.
Julián Muñoz ha dicho que es responsable de lo que ha firmado y que por eso ha estado en la cárcel diez años, pero ha dicho que se arrepiente de todo lo que hizo.
Ha insistido en que su única relación con todos los convenios por los que se le lleva años juzgado ha sido que le decían que fuera a firmar y firmaba, y ha explicado que nunca se reunió con empresarios porque esa labor era de Gil.
"Fuimos tontos todos", ha lamentado, a preguntas del fiscal, cuando le ha dicho si no se dieron cuenta nunca de la irregularidades que cometían.
Los seis exediles han mantenido la misma línea de defensa y han argumentado que nadie les advirtió nunca sobre supuestas irregularidades pese a que había técnicos y asesores urbanísticos.
El exedil Francisco Javier Lendínez ha sido quien ha apuntado que en Marbella había "una guerra política, en materia urbanística", aunque posteriormente Muñoz ha precisado que no fue tanto enfrentamientos políticos como "cabezonería" de Gil y Chaves.
Los seis exediles han coincidido en que tenían plena confianza en los asesores jurídicos y que nunca se les advirtió de las irregularidades, además de reiterar en numerosas ocasiones en que Gil era quien lo llevaba todo y era quien marcaba las normas.
Muñoz y Roca se enfrentan a una petición fiscal de trece años de prisión por presuntas irregularidades urbanísticas con la firma de varios convenios con las sociedades Proinsa, Obarinsa y Aproconsa.
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