El responsable del grupo de delincuencia económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha asegurado hoy que "a juicio policial hay un procedimiento para saltarse la fiscalización previa" de las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis dadas por la Junta e investigadas en el caso ERE.
El agente es el primero de los casi 150 testigos que pasarán por el juicio contra 22 ex altos cargos de la Junta acusados de prevaricación y malversación por crear o mantener un procedimiento específico con el que durante una década se repartieron 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, según la Fiscalía, de forma arbitraria y eludiendo los controles.
Un testigo que comenzó a responder ayer a la Fiscalía, la acusación popular del PP-A y las defensas de algunos acusados, si bien la mayoría de los letrados defensores han continuado hoy tratando de desmontar la rigurosidad de las conclusiones de los atestados realizados por la UCO en la instrucción.
El agente ha defendido que en el Gobierno andaluz "lo que había al principio eran unas subvenciones que se fiscalizaban, hubo un problema con la fiscalización previa, no se podían dar con agilidad y se adoptó este sistema".
Un sistema en el que las transferencias de financiación de la Consejería de Empleo -que concedía las ayudas- al ente público IFA (luego IDEA) -que las pagaba con los fondos de Empleo- son, a juicio del agente, "un elemento más" para eludir la fiscalización previa.
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