El agente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que ha coordinado diferentes atestados realizados en la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente irregulares concedidos por la Junta ha declarado este lunes que no existía fiscalización previa en las ayudas sociolaborales a trabajadores ni en las ayudas directas a empresas en crisis, así como que el que fuera consejero de Presidencia Gaspar Zarrías tenía conocimiento de su existencia y del procedimiento de concesión.
Así lo ha manifestado este agente, responsable del Grupo de Delincuencia Económica de la UCO, este lunes en la sesión con la que se ha dado comienzo a la fase testifical y pericial del juicio contra 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz por el procedimiento específico por el que se daban las ayudas en los ERE entre los años 2000 y 2010.
En concreto, coordinó diferentes atestados de la Guardia Civil, que ha ratificado en su totalidad, en plena comunicación y coordinación con la juez instructora Mercedes Alaya. Ha explicado que, a raíz del expediente de ayudas concedidas en 1999 a los extrabajadores de Hijos de Andrés Molina (Hamsa), solicitaron a la Junta un informe de fiscalización y le contestan "que nunca se ha fiscalizado", lo que, a su juicio demuestra que el Gobierno autonómico usó el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posteriormente Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), como "caja pagadora".
Preguntado por el fiscal Juan Enrique Egocheaga sobre los requisitos de los trabajadores para acceder a las ayudas sociolaborales o su perfil, el agente de la UCO ha asegurado que no había norma reguladora, sino que todo era en base a la negociación de las mediadoras, añadiendo que en todo el proceso de investigación en la fase de instrucción de la causa no vio nada referente a los requisitos, ni a la verificación de éstos.
Precisamente al hilo de esto, el agente ha explicado que en alguno de los convenios que ha analizado, apuntando entre estos el convenio marco firmado en 2001 entre la Consejería de Empleo y el IFA para el pago de las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo con cargo a la partida 31L a través de transferencias de financiación de la Consejería al ente instrumental, ha tenido constancia de que se apunta la existencia de comisiones de seguimiento de las ayudas, pero "no hubo ninguna". "No sólo se omitía la fiscalización previa de las ayudas, sino también el control posterior", ha concluido.
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