2020 es la fecha tope que tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento portuense se dan ahora como fecha límite para expropiar los pisos que aún quedan en la barriada de José Antonio.
Dos años más es el plazo que ahora se anuncia desde el Consistorio para que su derribo esté más cercano, todo ello después de anunciarse en 2017 que a finales de éste se demolerían los pisos.
La prórroga pone de manifiesto la dificultad que está entrañando la gestión de normalizar una zona decadente y degradada por el paso de los años por la droga y por la marginalidad. Nuevos problemas que han ido lidiando ante una situación que parece no tener fin por más encuentros y por más medidas que se hayan ido tomando por parte de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) y por el propio Ayuntamiento portuense.
Con el tapiado de las puertas de acceso a sus bloques se quiso prevenir la entrada y así no repetir los episodios de incendios o de acumulación de basuras, tal y como se puede comprobar en uno de los bloques centrales de la barriada.
Los problemas añadidos resultan ante la dificultad en la negociación encontradas con los herederos de dos pisos, menores de edad que no viven en la vivienda pero que imposibilitan hacerse con las casas ante la intención de demolición de toda la barriada.
Con el nuevo plazo dado se asegura, según el propio responsable de Urbanismo, Ángel Quintana, poder maniobrar y negociar con los interesados para que los edificios en cuestión pasen a mejor vida y se acondicione y salubre toda la zona afectada.
La barriada, en un estado calamitoso y a la vista de todos, hasta la fecha acumula en las últimas fechas en la adquisición de inmuebles, gastos de notaría, registro y cerramiento de viviendas para evitar su ocupación cerca ya de un millón de euros.
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