La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ha confirmado la exclusión del exconsejero de Empleo José Antonio Viera y del exdirector de Trabajo Javier Guerrero en la pieza separada del caso ERE que investiga una ayuda de 30.050 euros dada en 2003 para una feria de muestras de Santiponce (Sevilla).
En sendos autos del 2 de abril, la Audiencia rechaza los recursos de apelación de la Fiscalía contra la exclusión de ambos decretada por la jueza instructora, María Núñez Bolaños, y confirma su criterio de que Viera y Guerrero ya están siendo juzgados por los mismos hechos en la pieza política del caso ERE que se sigue contra 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
La Sección Séptima de la Audiencia incide en su argumento de que en esa pieza, el "afán globalizador" de la propia Fiscalía al acusar a 15 de los 22 procesados -entre ellos Viera y Guerrero- de un delito continuado de malversación, hace que se les esté juzgando no sólo por crear o mantener un "procedimiento específico" con el que durante una década la Junta repartió 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis presuntamente de forma arbitraria y eludiendo el control sino por cada ayuda dada.
Insiste en criticar que el Ministerio Público pretenda que "vulnerando la Constitución" los acusados en ese proceso sean juzgados también en las piezas separadas sobre ayudas concretas, al entender que existe una "igualdad" de hechos.
La Sección Séptima mantiene así su criterio, que sigue la jueza Núñez, de que los ex altos cargos acusados en la pieza política sólo sean juzgados en ésta y sean excluidos de las piezas separadas, en contra del criterio de la Fiscalía y la propia Junta de Andalucía que recurren una a una cada exclusión alegando el riesgo de "impunidad" de los presuntos ilícitos penales derivados de su actuación en la concesión y pago de cada ayuda concreta.
Ante esta discrepancia, el Ministerio Público planteó en las cuestiones previas al juicio de la pieza política que el tribunal que enjuicia dicha pieza -la Sección Primera de la Audiencia- delimitara el objeto del proceso y en un auto del 9 de febrero el tribunal que preside el magistrado Juan Antonio Calle señaló que las ayudas concretas no son objeto de la causa sobre el procedimiento específico usado para darlas.
Sin embargo, tanto Núñez como la Sección Séptima siguen excluyendo a excargos de la Junta procesados en la pieza política del resto de causas, al entender que el objeto de ese proceso ya fue delimitado en el auto de procedimiento abreviado que dictó en 2016 el juez Álvaro Martín al cerrar la instrucción y en los escritos de acusación de la Fiscalía y las acusaciones populares de PP-A y Manos Limpias.
Sostiene que el hecho de que en sus escritos "las acusaciones no hayan precisado, como hubiera debido hacerse, el listado de las empresas implicadas" que recibieron ayudas del fondo de los ERE no implica que no se les esté juzgado por la concesión y pago de cada una de esas ayudas, dada la acusación de malversación y la petición de responsabilidades civiles derivada de dicho delito.
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