El pasado miércoles comentaba en este espacio de opinión la forma que el gobierno central tendría de encontrar recursos económicos para poder abonar el incremento de las pensiones, salarios de funcionarios, prestaciones sociales, educación, sanidad… y no era otro que reducir el gigantesco tamaño de las administraciones autonómicas, la gran chapuza de la Transición, que ha fabricado gobiernos autonómicos con estructuras de Estado, duplicando innecesariamente las estructuras y los recursos del Estado. Algunas incluso se ejercen por cuadriplicado. Durante décadas las CCAA han querido tenerlo todo en propiedad; por ello, han empleado años en replicar a su propia escala el mayor número posible de organismos estatales. Ese afán ha costado caro: mantener órganos duplicados implicó un desembolso cercano a los 28.000 millones de euros en 2015, cerca de un 3% del PIB. Si quitamos los 1.000 millones que cuesta la subida de las pensiones nos sobran 27.000 millones para otras cosas.
Así con la reducción de cargos políticos autonómicos, de los que hablaremos, y organismos y entes consultivos ineficaces e inútiles como las 13 Cámaras de Cuentas, los 17 Consejos Consultivos, los 11 Defensores del Pueblo autonómicos, los Consorcios, las Fundaciones, los Consejos Económicos y Sociales, los Consejos de la Juventud, los de la tercera Edad, los de la Mediana Edad, los de la Edad Media, los institutos Cartográficos, los Institutos Meteorológicos, cada uno el suyo, los Institutos de Estadística, y ya no hablemos de los “Observatorios” que los hay de toda índole y de difícil control: Observatorio de Empleo, del Turismo, de los Guiris, de la Convivencia Ciudadana, de la Educación, el Observatorio del Teide, el de Sierra Nevada, el de Jabalcuz, el Observatorio de las Aves Migratorias, el Observatorio del Lince, el de los peces de colores…..). Iremos señalando el coste de toda esta duplicidad en sucesivos artículos. ¿Y si dejamos en la mitad los 39.000 coches oficiales que hay en España? (hay autonomías, y una muy cercana, con un parque móvil más grande que el de los EEUU). Y si cerramos las más de 114 embajadas autonómicas abiertas en el mundo con un coste de 150 millones de €. ¿Qué pasaría si sólo tuviésemos una Agencia Española de Protección de Datos?. Pues nada, tenemos una réplica en Madrid, Cataluña y Andalucía, para que así todo el mundo tenga nuestros datos. Todos ellos creados para el asilo bien remunerado de los políticos. Con todos estos miles de millones duplicados innecesariamente tendríamos de sobra para otras necesidades urgentes. Es cuestión de prioridades. ¿Por qué todo el mundo exige mejoras y no es capaz de exigir lo que es un clamor popular, que no es otra cosa que lo aquí apuntado?. Continuaré...y a pesar de saber que es una guerra perdida, seguiré planteado mi humilde batalla.
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