El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, considera "verosímiles" muchas de las explicaciones dadas por el expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves sobre su desconocimiento acerca de cómo se concedían las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis con cargo al conocido como fondo de los falsos ERE.
En declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, Sánchez ha reivindicado el derecho a la defensa de quien fuera también presidente del PSOE y ministro en los Gobiernos de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, que está siendo juzgado junto al también expresidente de la Junta José Antonio Griñán en el caso de los ERE.
Pero sobre todo, Sánchez ha subrayado que Chaves asumió en su momento --en 2015, en la primera etapa de Sánchez en los mandos de Ferraz-- sus responsabilidades políticas renunciando a su escaño y dándose de baja como militante del PSOE, incluso antes de la apertura del juicio oral, límite que fija el Código Ético del partido para que dimitan y se den de baja los socialistas inmersos en un procedimiento penal.
"Por tanto, desde el punto de vista político esas responsabilidades están asumidas. Yo se lo agradezco. Lo que espero y deseo por parte de Manolo Chaves es que haya justicia. Reclamamos su derecho a la defensa y que la justicia haga justicia", ha señalado.
Sánchez no ha querido ir más allá de señalar que le parecen "verosímiles" muchas de las explicaciones dadas por Chaves porque ve necesario ser "lo más escrupuloso posible" en sus declaraciones, para evitar que los jueces puedan sentirse "presionados".
Si Chaves y Griñán salen absueltos del juicio porque se concluye que no han tenido "absolutamente ninguna responsabilidad en los hechos que están siendo juzgados", entonces podrán volver a afiliarse al PSOE "sin ningún problema", ha zanjado.
Chaves, que presidió la Junta durante dos décadas, declaró este lunes en el juicio que sigue la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 exaltos cargos del Gobierno andaluz por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis en el marco de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente irregulares.
LO QUE SE JUZGA EN EL CASO DE LOS ERE
La Fiscalía atribuye a los 22 acusados un delito continuado de prevaricación, por el que pide diez años de inhabilitación, mientras que también ve responsables de un delito continuado de malversación de caudales públicos a 15 de los 22 ex altos cargos procesados.
Por ambos delitos, el Ministerio Público reclama seis años de cárcel y otros 30 años de inhabilitación para José Antonio Griñán, mientras que a Manuel Chaves le reclama una condena de diez años de inhabilitación por el delito de prevaricación, no acusándolo de malversación.
La Fiscalía cifra la cantidad que deben devolver estos 15 acusados por malversación en más de 741 millones en la década en la que estuvo funcionando el sistema (2000-2010), de los cuales considera que Griñán debe devolver solidariamente junto a otros acusados 483,9 millones de euros, por las ayudas concedidas entre 2005 y 2010.
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