El PP ha vinculado este domingo al expresidente de la Junta Manuel Chaves directamente con la concesión de dos ayudas por parte de la Junta de Andalucía para financiar sendos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) a la empresa Fundiciones Caetano, propiedad de un familiar cercano a alguien muy próximo, a su vez, a la familia de Manuel Chaves.
Según ha revelado el vicesecretario general del PP-A Toni Martín, Rafael Blasco Caetano, primo hermano por partida doble del director general de Fundiciones Caetano, Abilio Caetano Blasco, es dueño del piso de la calle León XIII al que se mudó el expresidente Chaves cuando, en 1995, saltó el escándalo de la Sasa Sundheim, el palacete que ocupaba con cargo al presupuesto público en su calidad de presidente de la Junta de Andalucía.
Pero, además, Rafael Blasco es también el dueño de un chalé en la playa de La Antilla (Lepe), el chalé La Tortuga, en el que según ha denunciado el PP veranea Chaves con su familia desde 1996.
Toni Martín señaló este domingo que la empresa Fundiciones Caetano fue beneficiaria de dos ayudas vinculadas con el caso ERE, una en 2004 por importe de 684.000 euros, y otra en 2006 por 2,9 millones de euros, con las que la empresa prejubiló a un total de 38 trabajadores.
El PP recordó ayer también que en noviembre de 2004 el Consejo de Gobierno, presidido por Manuel Chaves, nombró a Abilio Caetano Blasco, el máximo responsable de la empresa Fundiciones Caetano, vocal del Consejo Social de la Universidad de Sevilla, en la misma reunión en la que también fue nombrado el ya entonces exconsejero de Empleo, José Antonio Viera, otro de los procesados en el juicio del caso ERE, igualmente como vocal del mismo órgano de la Hispalense.
Manuel Chaves declara a partir de este lunes como procesado en el juicio que se sigue en la Audiencia de Sevilla contra 22 exaltos cargos de la Junta por la creación y el mantenimiento de un procedimiento opaco para el reparto de ayudas de carácter sociolaboral eludiendo los controles. Chaves está acusado de prevaricación, y la pena que el fiscal solicita para el expresidente de la Junta es de diez años de inhabilitación.
Los cuatro expedientes que apuntan a Chaves
Manuel Chaves está acusado en este juicio de un delito continuado de prevaricación, por el que se le piden diez años de inhabilitación. Pero, más allá de haber presidido las reuniones del Consejo de Gobierno en las que se adoptaron determinadas decisiones, el PP vincula al expresidente de la Junta a cuatro expedientes concretos.
El primero sería el de la Faja Pirítica de Huelva. Chaves recibió una carta firmada por un grupo de trabajadores en la que se denunciaba la presencia de intrusos en el ERE de la empresa, es decir, personas que se estaban beneficiando de una prejubilación "sin haber conocido la mina ni por fuera ni por dentro", según se recogía en la carta. Los denunciantes terminaron todos prejubilados.
El segundo es el de la empresa Bilore, de Lucena. Sus trabajadores hicieron llegar a Chaves, en un acto celebrado en febrero de 2004 en Osuna, un escrito explicándole que habían mantenido contactos con el entonces director general de Trabajo de la Junta, Javier Guerrero, infructuosos hasta ese momento, y le pedían su intermediación.
En el sumario de la causa que se enjuicia en la Audiencia de Sevilla figura una carta enviada un día después desde la Consejería de Presidencia a la de Empleo, en la que se adjuntaba el escrito remitido por Bilore al presidente Chaves, con un aviso: "En fecha próxima se visitará la ciudad de Lucena, por lo que sería conveniente haber encauzado la problemática planteada, para evitar encontrarnos ante la situación de ayer".
El tercer caso es el de la empresa A Novo Conlink, radicada en el PTA de Málaga. Esta empresa recibió una ayuda de más de 35 millones de euros, tras mantener sus trabajadores una reunión con Chaves. El PP recordó ayer que en el ERE de esta empresa se incluyó a un intruso, Manuel Jiménez de Miguel, que nunca había trabajado para dicha sociedad. Y señaló al dirigente del PSOE de Sevilla, el diputado Ramón Díaz (que había sido chófer del actual alcalde de Sevilla, Juan Espadas, en la época en que éste fue consejero de Vivienda de la Junta) como la persona que presionó para que se incluyera.
El cuarto caso es el de Fundiciones Caetano. Chaves ha mantenido durante años una estrecha relación con un nieto del fundador de la empresa, primo de su actual dueño.
"El sistema favoreció el clientelismo"
Ya lo hizo Griñán y el PP teme que Chaves también se niegue a responder a las preguntas de la acusación popular, que ejerce precisamente el PP. Los abogados del PP tratarán este lunes de que el expresidente de la Junta Manuel Chaves explique si tiene alguna relación con la ayuda concedida por la Junta a la empresa Fundiciones Caetano, siendo él presidente del Gobierno andaluz.
El vicesecretario del PP-A Toni Martín ha denunciado que los antiguos miembros del Gobierno andaluz procesados en la causa se niegan "sistemáticamente" a responder a las preguntas del PP en el juicio, y recordó que su formación ejerce la acusación popular, ya que la Junta de Andalucía, que durante la instrucción ejerció la acusación particular, pidió el archivo del caso.
"Chaves tendría que responder a las preguntas del fiscal y de los abogados del PP y explicar cuál fue su papel en la creación de este sistema opaco para repartir las ayudas y por qué se optó por un sistema de estas características", ha dicho este domingo Martín. "El sistema no ha conseguido dotar de agilidad el proceso para conceder ayudas, sino que ha favorecido el clientelismo político", sentenció.
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
