La delegación de Urbanismo ha ordenado a la propiedad de la finca llamada popularmente de la antigua Aduana a tener que hacer frente, de forma urgente y en el plazo de 48 horas, a diversas obras de mejora en el edificio, sito en la calle Maestro Domingo Veneroni, nº 1, lugar por donde se accede a las viviendas, hostal y varios comercios, llegando ésta hasta la calle Micaela Aramburu, donde se encuentra la entrada a un antiguo establecimiento, y la Avenida de la Bajamar, donde se encuentra el acceso a un antiguo pub y un restaurante.
La medida, que se engloba dentro de la política municipal del actual Gobierno de recuperar el centro histórico de la ciudad, se centra en el informe técnico que revela que existe una situación de riesgo, con el consiguiente peligro sobre la seguridad de los inquilinos, la finca y la vía pública, por lo que propone que se ordene a la propiedad, como primera medida de urgencia, tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y estabilidad de la finca, en un plazo de 48 horas y a la reparación de todos los elementos estructurales dañados o desplomados, así como a la reparación y adecentamiento de la fachada y todos sus elementos, en el plazo de 15 días.
El delegado de Urbanismo, Ángel Quintana, ha destacado que se trata de un caso especial, ya que la finca está incluida dentro del Nivel B del Precatálogo del Conjunto Histórico, “por lo que esperamos una respuesta positiva de la propiedad, que debe ser consciente de la importancia que este edificio tiene tanto en la historia de la ciudad como en el mantenimiento del centro histórico”.
Asimismo, Quintana se ha mostrado confiado en que, en este caso, como en otros muchos pendientes, “la responsabilidad de la propiedad en actuaciones como éstas debe ser el ejemplo que se está impulsando desde el Gobierno municipal y que es uno de los ejes del Peprichye que estamos desarrollando para conseguir una renovación integral del casco histórico portuense. Por eso, desde el gobierno no descansaremos para impulsar medidas que preserven nuestro patrimonio histórico artístico y evitar el progresivo deterioro de fincas protegidas que deben convertirse paulatinamente en reclamo para propio y visitantes”.
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