El movimiento ciudadano ‘Ni un metro de Marbella para otra población’ ha instado al juez y a la fiscalía a que centren su investigación en la presunta falsificación de la propia documentación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2010 de Marbella que se remitió a la Junta de Andalucía.
El colectivo considera que tanto el titular del juzgado de Instrucción número 3 de Marbella, Gonzalo Dívar, como la Fiscalía no deben centrarse solo en las presuntas irregularidades que hubieran existido en el acta del Pleno municipal en el que se aprobó la documentación, presidido por la alcaldesa, Ángeles Muñoz. Según el movimiento ciudadano, a dicha conclusión también ha llegado la propia Audiencia Provincial de Málaga.
Así, han indicado que en el auto judicial hacen constar que en el acta de la citada sesión plenaria y que obra a los folios 140 a 150 de las actuaciones, “no se contiene mención alguna a la sustitución de 22 de los 71 planos que componían el PGOU de Marbella”.
No obstante, discrepan de la opinión del Ministerio Fiscal que afirma en su escrito que no consta la existencia de una falsificación en el propio PGOU de Marbella, aunque el fiscal “sí entiende que se ocultó al Pleno la modificación de 22 de los 71 planos de ordenación”, han resaltado.
El movimiento colectivo ha insistido en que la versión 'auténtica” del Plan consta de 4.297 páginas, algunas de ellas son planos de grandes dimensiones, que obliga a comparar página a página.
Han concluido insistiendo en que hubo “un ánimo deliberado de hurtar al Pleno” el conocimiento de las numerosas alteraciones hechas al PGOU, “algunas de ellas de enorme trascendencia económica”.
El colectivo insiste en que “se alteraron elementos esenciales y hubo un daño evidente pues el Plan estuvo vigente cuatro años y medio”.
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