Antonio Fernández, quien fuera viceconsejero de Empleo entre el 29 de abril de 2000 y el 24 de abril de 2004 y posteriormente consejero del ramo hasta marzo de 2010, comenzará a declarar este Lunes Santo como investigado en el juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla por el procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas sociolaborales y a empresas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos de la Junta.
La declaración del que fuera también entre los años 2001 y 2003 presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posteriormente agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) --ente instrumental que pagaba las ayudas concedidas por la Consejería de Empleo a través de las transferencias de financiación anuales recibidas por el ente instrumental por parte de la consejería con cargo a la partida presupuestaria 31L en virtud al convenio marco firmado en 2001 entre los dos órganos--, llega después de que se retrasará su turno alegando su defensa, que ejerce el letrado Alfonso Martínez del Hoyo, disfonía incapacitante.
En concreto y según el orden previsto para los interrogatorios siguiendo el criterio solicitado por el Ministerio Fiscal, Fernández sería el segundo en declarar, justo después del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, si bien, será el decimonoveno ex alto cargo en hacerlo.
Tras el exconsejero de Empleo, cuya declaración previsiblemente ocupará las sesiones fijadas para el Lunes y Martes Santo, será el turno de los expresidentes José Antonio Griñán y Manuel Chaves, concluyendo los interrogatorios el ex secretario general técnico de Empleo, de Innovación y exdirector de Finanzas de IFA/IDEA, Juan Francisco Sánchez García.
El Ministerio Público solicita para Antonio Fernández ocho años de cárcel y 30 años de inhabilitación por un delito de prevaricación y otro de malversación.
EN PRISIÓN PROVISIONAL DURANTE MÁS DE TRES MESES
Cabe recordar que el 24 de abril de 2012, en plena madrugada del martes de Feria de Abril de Sevilla, la por entonces juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ordenó el ingreso en prisión comunicada y sin fianza de Fernández, después de cerca de 40 horas divididas en cuatro días que duró su interrogatorio.
Se convertía así en el tercer imputado que ingresaba hasta la fecha en prisión por el caso ERE tras el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, y su exchófer, Juan Francisco Trujillo. El exconsejero de Empleo abandonó la cárcel de Morón de la Frontera (Sevilla) el 11 de agosto tras abonar la fianza de 450.000 euros impuesta por la Audiencia Provincial de Sevilla.
El exconsejero defendió ante Alaya que el convenio marco suscrito en 2001 para regular la concesión de las ayudas "es y sigue siendo legal", y a preguntas de la magistrada sobre si Manuel Chaves, José Antonio Griñán y el resto del Consejo de Gobierno conocían la "operativa" del sistema, contestó que "sí", ya que, como subrayó, "no había nada ilegal".
Al hilo de ello, Fernández aseguró que se enteró de los reparos que planteó la Intervención General de la Junta porque así se lo trasladó el entonces viceconsejero, Agustín Barberá, pero, a pesar de esos reparos, consideró que el sistema era "correcto" y continuó aplicándolo, punto en el que aseveró que, de haber conocido nuevos reparos en años posteriores, habría seguido aplicando el convenio porque estaba convencido de que "es legal".
Tras señalar que no solicitó el asesoramiento del gabinete jurídico de la Junta para redactar el convenio, el exconsejero de Empleo puso de manifiesto que el Consejo de Gobierno conocía el sistema ya que, inmediatamente después de ser aprobado, se aprobó una modificación presupuestaria de 13.000 millones de las antiguas pesetas, es decir, de 78 millones de euros. Defendió, además, que el nuevo sistema de transferencia de financiación al IFA permitía "una mayor globalidad y era más operativo para los objetivos del Gobierno" de cara a "ayudar a trabajadores, empresas en crisis y los territorios de Andalucía".
Añadió que las ayudas "eran discrecionales pero no arbitrarias", pues aunque "no las conocía todo el mundo, no había que darles publicidad porque sí las conocían los sindicatos y los empresarios a través de la Ley de Presupuestos y de los acuerdos de concertación social", asegurando que las ayudas sociolaborales no iban destinadas a empresas, sino a trabajadores. De igual modo, el exconsejero de Empleo reconoció que las ayudas "no se fiscalizaban" una por una, sino que se realizaba un control 'a posteriori'.
"NINGÚN CRITERIO JURÍDICO CUESTIONÓ EL PROCEDIMIENTO"
El exconsejero de Empleo subrayó que "no existía ningún criterio jurídico que cuestionara el procedimiento", sino que él actuaba bajo criterios políticos, añadiendo asimismo que desde la Consejería se presentaron alegaciones a los reparos de la Intervención General de la Junta, que se "aquietaba" y las daba por buenas al no responder a las mismas.
Sobre el papel de las mediadoras Vitalia y Uniter, señaló que "no existía un proceso de selección objetivo de las aseguradoras y mediadoras porque venían de la mano de los trabajadores".
De otro lado, la magistrada le interrogó sobre si "la concentración de ayudas" al grupo empresarial de los exconcejales socialistas de El Pedroso (Sevilla) José Enrique Rosendo y José María Sayago "era conocida por el presidente de la Junta y por el Consejo de Gobierno", a lo que Fernández respondió señalando que ello era conocido "por todas aquellas personas" que se leyeran la memoria y la ficha presupuestaria, como, además del presidente y el Gobierno andaluz, el Parlamento, los partidos políticos "y algunos ciudadanos más".
Durante su interrogatorio, el Ministerio Público preguntó al imputado si el sistema de ayudas vigente desde el año 2001 "fue ideado por la Junta para tener las manos libres y poder disponer de fondos públicos sin control previo ni posterior en beneficio de determinadas personas y en perjuicio del resto de ciudadanos andaluces", a lo que el exconsejero contestó que "no es cierto".
En otro momento del interrogatorio de la Fiscalía, Fernández desveló que un informe de IDEA, refrendado por la Intervención General de la Junta, avaló y consideró "correcto" el convenio marco suscrito en 2001, esto es, el procedimiento seguido, en términos generales, "era correcto, aunque había que sustituir las transferencias de financiación por las encomiendas de gestión", lo que se llevó a efecto.
La magistrada preguntó a Fernández por su inclusión en el ERE de 2008 de la empresa González Byass y éste negó este extremo, señalando además que fue en 2008, y no cuando tuvo conocimiento de la investigación judicial, cuando renunció a cobrar la póliza de prejubilación por la que le hubieran correspondido 380.000 euros. En este sentido, Fernández aportó a la causa un documento que demuestra que perteneció a la plantilla de la empresa González Byass entre los años 1980 y 2008.
Cuestionado sobre "el uso del dinero del fondo de reptiles", en referencia a la partida presupuestaria 31L, Fernández contestó que "no admito que use el término fondo de reptiles", ya que "se trata de fondos presupuestados".
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