Las urbanizaciones que nacieron ilegales tienen los días contados. No porque vayan a desaparecer, precisamente, sino porque todos los partidos políticos están de acuerdo en la necesidad de poner orden en aquellos asentamientos surgidos en terrenos sin urbanizar y garantizar el acceso de las personas que viven en ellos a los servicios básicos.
El Consejo de Gobierno se mostró este martes a favor de la Proposición de Ley, suscrita por todos los grupos del Parlamento andaluz, que garantiza el acceso provisional a los servicios básicos en viviendas de primera residencia situadas en asentamientos con ordenación pero sin proyecto de urbanización, en tanto éste se ejecuta.
El portavoz del Gobierno andaluz, Juan Carlos Blanco, explicó que la norma dará “seguridad jurídica” a los titulares de estas viviendas, para los que una reforma legal abrió en 2016 la posibilidad de incorporarlas al proceso urbanístico de los municipios, aunque sin las medidas transitorias de acceso a suministros básicos de electricidad, agua y saneamiento que sí se aplicaron a las edificaciones aisladas situadas en suelo no urbanizable y susceptibles de regularización. La nueva Ley extiende esta posibilidad a los asentamientos, en las mismas condiciones y plazos.
Según indicó Blanco, la mayor parte de estos asentamientos se localizan en las localidades de Córdoba, Chiclana de la Frontera (Cádiz) y Carmona (Sevilla). La proposición implica un cambio de la Ley 1/2016, que a su vez modificaba la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). La norma facultará a los municipios para autorizar el acceso provisional a los servicios en los asentamientos incorporados al proceso urbanístico, siempre que los municipios cuenten con planeamiento de desarrollo aprobado.
El cambio legislativo de 2016, en el que ahora se profundiza, permitió regularizar la situación de viviendas con al menos seis años de antigüedad, situadas en zonas no inundables o de especial protección y no afectadas por expedientes administrativos.
El proceso de incorporación al planeamiento incluye la inscripción de los inmuebles en los registros de la propiedad, el acceso provisional a los servicios básicos y la adopción de medidas correctoras urgentes para eliminar impactos paisajísticos y ambientales, especialmente sobre los recursos hídricos.
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