Una resolución de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, da cuenta de un procedimiento promovido por la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla (Emvisesa), para asignar otro piso de alquiler a la familia adjudicataria de una de sus VPO, como consecuencia primero de los "insultos" y coacciones de dos familias vecinas también adjudicatarias de Emvisesa, y después por las "represalias y amenazas" procedentes de los parientes de estas últimas personas.
En su resolución, recogida por Europa Press, el departamento de Maeztu trata el caso de una familia adjudicataria de una VPO de Emvisesa en régimen de alquiler y con cuatro hijos menores de edad a su cargo. Los miembros de esta familia, según dicho documento, sufrían una situación "insoportable" porque otras dos familias que residían en la planta superior a su domicilio "no dejaban de insultarles y decir que se fueran".
Después de que la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz solicitase información del caso a Emvisesa, la empresa municipal informaba de que merced a las denuncias de esta familia había activado su "protocolo de convivencia para las viviendas cedidas en alquiler".
Fruto de dicho protocolo y las acciones acometidas por Emvisesa, una de las familias autoras de los "insultos" contra estas personas habría acabado renunciando a la VPO de alquiler adjudicada y habría entregado las llaves de la misma, mientras la otra habría dejado también el piso, si bien quedaba pendiente la formalización de la rescisión del contrato de arrendamiento.
"MOLESTIAS Y AMENAZAS"
No obstante, y según refleja la resolución de la institución que comanda Maeztu, la familia afectada por esta situación trasladó después a la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda que unos parientes de las citadas familias conflictivas que residían "en el edificio de frente" a las VPO en cuestión habían comenzado a provocar "molestias y amenazas", sin que se tratase en este nueva situación de personas adjudicatarias de viviendas de Emvisesa.
Dado el caso, y siempre según el documento de Maeztu, Emvisesa optó por promover un "cambio de vivienda" para esta familia, que denunciaba que "la situación había empeorado por el recrudecimiento de las represalias y amenazas".
Así las cosas, la comisión ejecutiva de Emvisesa aprobó el 24 de mayo de 2017 "el cambio de vivienda de esta familia", para asignarle otro piso "en otra zona y con similares características al que ocupaba en cuanto a tamaño, número de habitaciones y anejos vinculados", siempre "dentro de las disponibilidades" de inmuebles públicos. Tras ello, el 20 de julio de tal año la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda emitió un "informe final corroborando como mejor resolución del conflicto vecinal el traslado de vivienda a la mayor brevedad posible".
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