El portavoz y candidato del PP a la Alcaldía, Antonio Saldaña, lamentó ayer que la Junta de Andalucía haya suscrito un convenio con el Ayuntamiento de Cádiz para desarrollar la Ciudad de la Justicia y al mismo tiempo olvide el compromiso que adquirió hace ya más de diez años con la ciudad para dotarla de una infraestructura de similares características.
Saldaña no negó las necesidades de Cádiz en materia judicial, pero recordó que tanto Jerez como su partido judicial tienen una población mayor. De hecho, aludió a los compromisos adquiridos por diferentes consejeros a lo largo de los últimos diez años, llegándose a ofrecer suelos a la Junta para la construcción de este equipamiento.
En su calidad de parlamentario autonómico, Antonio Saldaña anunció que el PP registrará una iniciativa para que el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, explique en la Comisión de Presidencia por qué no se ha construido ya la prometida Ciudad de la Justicia de Jerez y cuál es la previsión que baraja el Gobierno autonómico.
Los anuncios y promesas de la Junta se suceden desde que en 1997 su entonces presidente, Manuel Chaves, prometió la construcción de esta infraestructura en su campaña electoral. Más tarde, son los entonces parlamentarios populares Antonio Sanz y María José García-Pelayo reclamaron este equipamiento en el Parlamento andaluz.
En septiembre de 2008, Pilar Sánchez anuncia que el Ayuntamiento ofrece a la Junta varios suelos municipales para la Ciudad de la Justicia. El 15 de octubre de 2010, los entonces delegado de Urbanismo, Juan Pedro Crisol, y consejero de Gobernación, Luis Pizarro, firman un convenio para la construcción de este equipamiento.
En enero de 2011, poco antes de las elecciones municipales, el Gobierno de Pilar Sánchez emite un comunicado en el que dice que “la Junta confirma el comienzo de los trámites para materializar la Ciudad de la Justicia atendiendo la demanda del Ayuntamiento y del cuerpo judicial”. Ese día, el entonces consejero Luis Pizarro habla incluso de una construcción de unos 25.000 metros cuadrados.
Ya en 2014, el Gobierno local presidido por García-Pelayo comunica por escrito a la Junta que puede disponer del solar que desee para desarrollar el proyecto, que a día de hoy sigue en punto muerto.
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