El exjefe del Gabinete Jurídico de la Junta Francisco del Río ha declarado hoy que hasta la investigación judicial del caso ERE desconocía el convenio marco del 2001 entre la Consejería de Empleo y el ente público IFA que implantó el llamado "procedimiento específico" para el pago de las ayudas de los ERE.
Del Río, que se enfrenta a diez años de inhabilitación acusado de prevaricación, ha afirmado que "desde el punto de vista de la literalidad" de las competencias del Gabinete Jurídico, dicho convenio hubiera requerido un informe de los letrados de la Consejería de Empleo, si bien a preguntas posteriores de su abogado ha matizado que "aunque sea un informe preceptivo" sin la solicitud previa del organismo correspondiente no se podía hacer.
"Si lo hubieran pedido se hubiera hecho porque la asesoría jurídica era a demanda", ha afirmado, tras subrayar que el Gabinete Jurídico "no era un órgano de control" y que los servicios jurídicos de las consejerías gozaban de autonomía y sus informes no pasaban por los servicios centrales del mismo.
Gran parte del interrogatorio del fiscal a quien dirigiera el Gabinete Jurídico de la Junta entre 1982 y 2012 se ha centrado en su papel como miembro del Consejo Rector de IFA (luego IDEA) en el que ha dicho que no asistió a la reunión en la que se presentó el convenio marco del 2001 por el que el IFA pasó a pagar las ayudas de Empleo con fondos transferidos por esta Consejería.
En las reuniones a las que asistió, que ha cifrado en alrededor de "un 50 %", se aprobaron "cuatro o cinco" convenios para el pago de ayudas concretas pero en ninguno de ellos "se hacía referencia al convenio marco" del que emanaban, acuerdo que "no había leído" hasta el estallido del caso y del que no pidió información para aprobar los convenios de ayudas concretas en el Consejo Rector del IFA.
Del Río ha negado todo conocimiento sobre el objetivo del programa presupuestario con cargo al cual se pagaban esas ayudas, su financiación mediante pólizas de renta o la inexistencia de fiscalización previa en los pagos que ejecutaba IFA/IDEA, una agencia pública que a su juicio no se puede considerar una "entidad colaboradora" de la Junta que es "algo más amplio" sino que respecto a estas ayudas asumía su pago a modo de "encomienda de gestión".
Ha negado que llegara al Gabinete Jurídico el informe de la Intervención con reparos a la ayuda a la empresa Hijos de Andrés Molina a raíz de los cuales se implantó el "procedimiento específico" de concesión y pago mediante el convenio marco entre Empleo e IFA/IDEA, ni tampoco que en el Consejo Rector de IFA conociera las auditorías que alertaban de problemas de tesorería en este ente por retrasos en la llegada de los fondos de Empleo para pagar las ayudas.
El fiscal le ha preguntado si era habitual que la Consejería de Empleo recurriera a bufetes externos tanto para labores de asesoría como para representar a la Junta en pleitos y ha respondido que "como práctica habitual no" pero sí "había casos" en los que lo hacía, tras admitir ser autor de un escrito exhibido en el que se mostraba contrario a estos servicios externos.
Preguntado concretamente si supo que en el 2009 la Consejería de Empleo pidió informes externos al bufete Garrigues y la consultoría Prices sobre el uso de IFA/IDEA para pagar ayudas sociolaborales, ha negado cualquier conocimiento al respecto.
Antes de Del Río ha terminado de declarar el exdirector de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano, que a preguntas de su abogado ha defendido que la agencia pública aprobara los convenios para pagar ayudas concretas concedidas por la Junta como "entidad subordinada" al Ejecutivo andaluz y en el marco del "principio fundamental de confianza legítima" que rige cualquier administración presuponiendo que las resoluciones de una Dirección General como la de Trabajo están "dentro de la legalidad".
"Si una Dirección General dispone de todos los servicios jurídicos y técnicos, lo único que se puede deducir es que hay todo un expediente administrativo detrás del convenio que se nos pone para firmar y que lleva el visto bueno de los distintos servicios", ha subrayado Serrano, que se enfrenta a ocho años de prisión y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.
A la espera del informe médico que aporte esta tarde el exinterventor Manuel Gómez, que sufrió la rotura de los dos pies en Navidad, y tras haber examinado el forense al exconsejero Antonio Fernández y dictaminado que su disfonía aún no le permite declarar, previsiblemente la sesión continuará con el interrogatorio al exdirector general de Trabajo Juan Márquez.
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
