El grupo municipal de Málaga para la Gente ha presentado una moción para su debate en la comisión de Derechos Sociales, Cultura, Educación, Deporte y Juventud en la que piden que el Ayuntamiento inste al Gobierno central a que pague la deuda de 97 millones de euros con Málaga por la ley de dependencia.
En concreto, según ha explicado la viceportavoz de Málaga para la Gente, Remedios Ramos, estas cantidades "se corresponden con las no abonadas desde 2012 por este concepto" y que "beneficiaría en más de un tercio de esa cantidad, a las personas dependientes residentes en Málaga capital, lo que a modo de ejemplo permitiría construir al menos tres hospitales de altas prestaciones en Málaga, entre ellos el tan ansiado tercer hospital para la zona oeste de nuestra ciudad", ha dicho.
En este punto, ha recordado que la financiación de los recursos necesarios para atender a las personas dependientes corresponde al 50 por ciento a la Junta y al Gobierno central, tal como marca la Ley de Dependencia, "pero el recorte de esas partidas por parte del Ejecutivo del PP hace que se haya acumulado la mencionada deuda y que la administración autonómicas haya tenido que asumir una cantidad superior a 50 por ciento que le correspondía".
Ramos ha señalado que la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha dado recientemente unos datos en relación con "la deficiente financiación" de la Ley de Dependencias en España "que arroja cifras escalofriantes y que plantean la necesidad de rebelarse ante los brutales recortes en esta materia".
Ha lamentado, en este sentido, que en el pasado año 40.647 dependientes fallecieron sin llegar a percibir las prestaciones a las que tenían derecho según reconoce el propio Ministerio, lo que supone 111 personas cada día.
En concreto, según los datos oficiales 335.201 personas en situación de dependencia están en lista de espera, de ellos un 36 por ciento son Dependientes Severos y Grandes Dependientes (Grados II o III). "En 2016 se redujo la lista de espera en 36.017 personas (saldo neto) a lo que contribuyen los fallecimientos de personas en espera de recibir atención", ha señalado.
Asimismo, ha señalado que "el compromiso" que adquirieron PP y Ciudadanos en el pacto de investidura de Mariano Rajoy "apuntaba a la recuperación de los recortes de 2012 incrementando la financiación en 480 millones", pero Málaga para la Gente ha criticado que ambos partidos "han antepuesto a este objetivo social, el cupo vasco y los más de 4.000 millones de inversión extraordinaria pactados con el PNV y más de 200 con Nueva Canarias".
"Sólo recuperar los recortes de financiación estatal permitiría disminuir la lista de espera en 90.000 personas, y se generarían más de 20.000 empleos en un año", ha asegurado Ramos, al tiempo que ha incidido en que si la aportación Estatal fuese del 50 por ciento del gasto público en Atención a la Dependencia, como establece la propia Ley, y manteniendo la aportación autonómica "se aseguraría la plena atención a los 335.000 personas que actualmente están en lo que se conoce como Limbo de la Dependencia".
No obstante, ha continuado, "si se persiste en el incumplimiento de la Ley y violando derechos subjetivos, este año fallecerán 36.000 personas que tenían un derecho reconocido, sin poder recibir servicios ni prestación alguna".
Por otro lado, la viceportavoz ha mostrado su preocupación por que "los recortes no se refieren a la financiación en exclusiva, sino que están sustentados en la precariedad de las personas contratadas para prestar estos servicios".
Ha señalado que en el modelo de gestión de la ley de dependencia "se ha optado por un modelo privatizador, que empobrece la calidad de los servicios y precariza a las trabajadoras que los prestan", asegurando, además, que "la ayuda a domicilio, gestionada por los ayuntamientos, también está privatizada en buena parte de estos".
En el caso de Málaga, ha dicho Ramos, el Ayuntamiento "tiene contratada a Clece, cuando existe una empresa municipal de servicios sociales que podría prestarla, la empresa municipal 'Mas Cerca".
En este sentido, ha añadido que "la progresiva externalización de los servicios sociales municipales es uno de los ejes de acción del equipo de gobierno que afecta a áreas tan sensibles como la Dependencia, la Ayuda a Domicilio, cuidado de la población desasistida o la atención a la infancia", entre otros.
"REVISIÓN DE LOS RECORTES"
Por otro lado, también Málaga para la Gente pide en la moción que el Ayuntamiento, en defensa de los derechos de las personas dependientes, inste al Gobierno central "a la reversión de los recortes practicados en el año 2012".
En concreto, ha explicado Ramos, se trataría de dotar esta partida con 1.673 millones de euros en lugar de los 1.262,2 aprobados en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 20172, "entendiendo que esta propuesta es una transición hacia el total cumplimiento de la Ley de Dependencias que supone la financiación del sistema mediante la aportación del 50 por ciento del coste total por parte del Estado".
De igual modo, instan al Ejecutivo central a la incorporación de una Disposición Adicional en los presupuestos para 2018 por la que se apruebe como cuantías "de nivel mínimo garantizado 264,22 millones de euros para el Grado III; 123,06 millones de euros para el Grado II y 77,33 millones de euros para el Grado I".
Por último, piden rechazar "el modelo de privatización" de la gestión de la Ley de Dependencia "basado en la explotación y precariedad de las trabajadoras que realizan esta labor, que cobran sueldos de miseria", que, además, "ha llevado a las quejas y protestas de las mismas por su situación de explotación y precariedad, así como aplicar cláusulas sociales en la adjudicación de estos contratos en las que se tengan en cuenta las condiciones de las trabajadoras que van a prestar estos servicios".
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