Al contrario que otras administraciones, desde municipales al propio Gobierno central, la Diputación de Cádiz ya tiene su presupuesto aprobado para este 2018. Con esa asignatura aprobada, el responsable del área económica, Jesús Solís, lamenta que aún se tenga que seguir luchando contra la regla del gasto y, en especial, que el ente figure actualmente como moroso ante los proveedores por una cuestión administrativa puntual, no de impagos.
Han aprobado un presupuesto para este año que asciende a 262 millones de euros. ¿Crece, es expansivo tras la austeridad, o restrictivo?
—Estoy convencido de que es un presupuesto que recoge las principales exigencias de los municipios en materia social y económica. Es expansivo, crece en un 9% con respecto al de 2017, y eso se traduce en 21 millones de euros más.
¿Afecta a la Diputación y a los ayuntamientos que todavía no estén aprobados los PGE?
—Nos preocupa porque no sabemos si nos vamos a poder gastar esos 21 millones de euros que hemos incrementado el presupuesto porque dependen directamente de los Presupuestos Generales del Estado, ya que son los que fijan la regla del gasto y la posibilidad de reinvertir el superávit que podamos tener cada una de las entidades locales.
La EPA de la provincia supera el 30% de tasa de paro. ¿Qué hay en los presupuestos para combatir el desempleo?
—El presupuesto para empleo crece en casi cuatro millones y medio de euros este año, y no solo en el plan de cooperación local, que cuenta precisamente con 4,5 millones, sino que recoge un plan de desarrollo socioeconómico con 2 millones de euros, con lo que en políticas activas de fomento del empleo contamos con una cantidad directa de 6,5 millones de euros. Si el Gobierno central hiciera lo propio con un plan de empleo especial para la provincia de Cádiz, que es lo que le venimos reivindicando, estoy seguro que podríamos combatir mejor entre todos esta lacra.
Pero a la luz de los datos, ¿están funcionando los planes de empleo?
—Es cierto que este año ponemos en marcha el cuarto plan de empleo y que hemos movilizado 17 millones de euros a tal fin con fondos propios en dos años y medio, pero sabemos que no es la panacea, y que hacemos de salvaguarda de esas cifras, porque donde hay que trabajar es con las empresas privadas, que son las que generan empleo. Podemos contribuir a la bajada del paro, como creo que está siendo, y cuando acabe este cuarto plan habremos tramitado 4.500 nuevos contratos. Pero esperamos otros planes de empleo más ambiciosos de otras administraciones.
Hay un repunte en turismo como principal industria, pero nos dicen que no podemos vivir solo del sol y playa, ¿qué planes tiene recogido el presupuesto para contribuir a desestacionalizar el turismo?
—Pretendemos combatir el desempleo con los planes citados, pero también con inversiones directas en los municipios y a través del desarrollo económico de la provincia. Vamos a destinar un millón de euros solo para mejoras en las infraestructuras hoteleras de la Diputación en la provincia, pero además hemos incrementado en un 20% el presupuesto destinado a turismo, dedicamos casi 2,7 millones al Patronato de Turismo.
En los dos últimos años han cerrado con superávit y han decidido destinar ese dinero a inversiones, pero también hay quien les critica que por qué no se ha destinado a pagar a proveedores, a pagar facturas...
—Para pagar facturas o para poner en marcha un nuevo plan de empleo. Mire, la Diputación ha dedicado estos dos años solo de inversión de su superávit más de 23 millones de euros. Lo podíamos haber dedicado a muchas otras cosas, no solo a pagar facturas, que es algo que tenemos controlado, pero sí en otro plan de empleo, que no nos lo permite el Gobierno. El superávit no deja de ser el producto de una buena gestión de las entidades locales, pero la propia regla del gasto nos imposibilita invertirlo en lo que queramos, solo en amortización de préstamo o en inversiones financieras sostenibles.
El PP ha denunciado que la Diputación es la que peor cumple de España en el pago a proveedores y la que más adeuda.
—Las cosas hay que explicarlas bien. El problema es que el cálculo del periodo medio de pago es un poco pernicioso. Es un problema puntual. Hace tres meses teníamos el periodo medio de pago en veintitantos días, e incluso hemos llegado a tenerlo el año pasado en 16 días. Lo que ocurre es que cuando llegamos al Gobierno encontramos facturas no contabilizadas por 1,5 millones de euros. Cuando hemos intentado pagarlas hemos tenido que contabilizarlas, y como son facturas de abril de 2015, el periodo medio de pago se ha duplicado en cien días de un mes para otro. Cuando se lleven esas facturas a pleno y se paguen se volverá a la normalidad.
¿Cuándo estima que se volverá a estar dentro del plazo de los 30 días de pago?
—Estamos terminando el proceso, comprobando esas facturas, y en un mes o dos meses irán a pleno para después pagar, aunque todavía habrá que aguardar un mes más a que el periodo medio vuelva a estabilizarse. Lo que me gustaría es que el señor Loaiza estuviera del lado nuestra comprobando esas facturas y que dejara de meter miedo a los proveedores, porque están cobrando perfectamente, y entre abril y mayo la situación estará ya normalizada.
Hacienda dijo hace poco que había apercibido a ayuntamientos y a la Diputación por este asunto, ¿en qué ha quedado todo?
—Creo que lo hicieron faltando a la lealtad entre instituciones. Recibimos la carta mucho después de que se anunciara en prensa. Lo único que nos han pedido es elaborar un plan de tesorería que ya está culminado y en el que nos comprometemos a abonar los pagos a proveedores, pero es que ya se estaba haciendo.
¿Qué planes tienen dentro del servicio de recaudación de cara a 2018?
—A falta del cierre de 2017, las cifras van a arrojar un nuevo récord de recaudación y de procedimientos administrativos. Se ha normalizado la situación con los ayuntamientos. Se ha incluido Chiclana en el servicio. Cádiz, Jerez y Rota son los únicos que no están dentro del servicio. Es un servicio de excelencia para los ayuntamientos.
Siguen vigentes las reivindicaciones contra la regla del gasto que impone el Gobierno.
—Lógicamente, porque no tiene sentido. Se impuso en un momento en el que la crisis acuciaba a los ayuntamientos y en el que no se les permitía gastar más de lo que ingresaban. Yo nunca estuve de acuerdo con esas cuestiones, aunque a día de hoy las cifras macro están mejor, y por eso mismo no tiene sentido que se mantenga esta medida, ya que lo único que hace es que los ayuntamientos gastemos en las competencias que tenemos asignadas directamente. Hay municipios y entidades que cumplimos, y no entendemos que no podamos gastar ese dinero en beneficio de los ciudadanos.
*Entrevista realizada en el espacio A Compás-Hablemos lo nuestro de Ondaluz TV
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