El procesado B.M.M.B. era titular de varias fincas en las localidades sevillanas de Osuna y Cazalla de la Sierra, donde declaró unas producciones “inverosímiles”, pues se trataba de olivares “en estado de semiabandono, de potencial productivo casi nulo, en terreno abrupto, con barrancos, fuertes pendientes y difícil acceso”, según la sentencia.
El delito contra la Hacienda Pública, según el fallo, se produjo mediante declaraciones falsas de producción de aceituna y aceite, por las cuales el Fondo Andaluz de Garantía Agraria (FAGA), como organismo encargado de pagar las ayudas de la Unión Europea, le abonó 780.460 euros. Este fraude se descubrió mediante una investigación de los inspectores de la Agencia Española para el Aceite de Oliva.
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