Tras un último trimestre del año complicado por su traslado de módulo, Pedro Pacheco encara el 2018 viendo más luces que sombras después de una temporada asolado por estas últimas. Una vez superado este escollo tras la vuelta al ‘número’ 12, la otra buena nueva para el ex alcalde ha llegado esta semana tras conocer que la sección octava de la Audiencia Provincial ha estimado el recurso presentado por su defensa para suspender la ejecución de la sentencia que le condenaba a un año y seis meses de prisión por el caso de la venta de la antigua estación de autobuses de Jerez.
Esta suspensión rebaja su pena a siete años y cuatro meses de cárcel, de los que ya ha cumplido tres años y tres meses y lo sitúa en mejor disposición para que su solicitud del tercer grado llegue a buen puerto. Con casi toda probabilidad, tal y como señalan fuentes del caso, el fiscal, que desde el principio se opuso a esta suspensión, recurrirá el auto. No obstante, según fuentes judiciales consultadas, esta resolución judicial está lo suficientemente “armada” por los magistrados tanto en este sentido como para justificar por qué en este caso y no en el de la ‘Casa del Rocío’- por el que Pacheco fue condenado a un año y 10 meses de prisión- sí ha prosperado el recurso de la defensa pese a transcurrir ambas causas en el mismo tiempo y encontrarse el histórico andalucista en la misma situación.
Lo primero que hay que tener en cuenta y a lo que el auto al que ha tenido acceso este medio alude expresamente, es que la concesión del beneficio “es una facultad discrecional del tribunal” siempre que se den las condiciones que el propio código establece, y que en este caso se cumplen (que el condenado haya delinquido por primera vez -Pacheco en 2004-2006 no tenía antecedentes penales-; que la pena impuesta no sea superior a dos años y que haya satisfecho las responsabilidades civiles, en esta causa se mantiene los 18.000 euros de multa). En el caso de la Estación de Autobuses, la composición del tribunal, a excepción de un magistrado, era diferente a la de la Casa del Rocío.
No obstante, hay un párrafo en el que expresamente los jueces explican por qué este recurso ha sido aceptado y el otro no. Tal y como exponen “el cambio de criterio” por el que se estima este recurso tras la negativa del de la Casa del Rocío dictado en octubre de 2017 “está justificado” pues “ahora las penas de prisión no suspendidas al penado suman un total de 7 años y 4 meses. De las tres ejecutorias seguidas contra el referido penado -continúa el auto- la presente es la que incluye las penas de prisión de menor duración y a ello se une que los 7 años y 4 meses de prisión que suman las condenas no suspendidas deben ponerse en relación con la edad del penado, nacido en 1949". Atendiendo a lo descrito, entienden los magistrados que “es razonable” esperar que la ejecución de la pena de prisión impuesta con el caso de la Estación de Autobuses “no sea ya necesaria para evitar la comisión futura por el penado de nuevos delitos”.
¿Y ahora qué?Si en teoría, como indican las mismas fuentes judiciales consultadas, el juez puede ordenar que la clasificación en tercer grado no se pueda llevar a cabo hasta que el preso haya cumplido la mitad de la pena, situación en la que estará el que fuera alcalde de Jerez durante más de dos décadas el próximo verano, en la práctica cualquier decisión al respecto va a estar supeditada a la sentencia del juicio por el caso de los ‘Huertos de Ocio’ que tiene pendiente Pacheco para el mes de junio.
Los hechos, por los que el fiscal le pide otros 5 años más de prisión se remontan a 2004, cuando el Ayuntamiento de Jerez desalojó a los arrendatarios de unos terrenos situados en la barriada de San José Obrero para la construcción de una promoción inmobiliaria. El Ministerio Fiscal resalta el “perjuicio económico” que ocasionó a las arcas municipales este proceso, después de que las parcelas fueron tasadas en 1,6 millones de euros, mientras que la promotora que traspasó al Ayuntamiento la propiedad de un edificio del centro histórico valorado posteriormente en 610.000 euros.
Además de sentar también en el banquillo a ex altos cargos y a un constructor jerezano, entre los testigos propuestos están las ex alcaldesas María José García-Pelayo y Pilar Sánchez. La última vez que coincidieron los tres ex alcaldes fue durante el juicio por la venta de la antigua estación de autobuses, en 2016, en la que las dos ex regidoras también declararon como testigos. La llegada de la ex secretaria local del PSOE estuvo rodeada de expectación, pues fue su última aparición pública antes de entrar a prisión para cumplir su condena por el caso PTA. Meses después, volvió a declarar en calidad de testigo por videoconferencia desde la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra en el caso de la 'Casa del Rocío' , dependencias que abandonó el pasado mes de septiembre tras obtener el tercer grado penitenciario.
El ex alcalde también será juzgado por el fraccionamiento de las obras en la avenida Juan Carlos I, un caso que fue archivado en su día. El fiscal no solicita penas de cárcel pero sí 15 años de inhabilitación para cargo público.
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