Consuelo Lorenzo Gómez
La semana pasada nos encontramos con la triste noticia del fallecimiento de Julián Blázquez en la calle Diego Niño. Es muy duro el fallecimiento de una persona en unas condiciones de soledad y abandono tan extremas. El trágico final de Julián conmueve a todo aquel que conoce los hechos y nos enfrenta a una realidad lamentable, la de las personas que, sea por los motivos que sea, viven solos en la calle. Se habla de que llegó hace unos meses al Puerto, de que estaba enfermo, de que era politoxicómano, de que se negó a recibir ayuda… ya nada se puede hacer por él. Pero, por desgracia, hay más personas como Julián, y por ellas sí se puede, y se debe, hacer algo que les permita llevar una vida digna.
Los Ayuntamientos tienen plenas competencias en esta cuestión, ya que tienen legalmente encomendada “la evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”. Sin embargo, la insólita propuesta que hace el Concejal responsable de los Servicios Sociales de nuestro Ayuntamiento para que no se repitan casos como el de Julián, es solicitar al Ministerio de Justicia medidas para incapacitar a las personas que viven en la calle. Iniciativa aberrante, que bajo ningún concepto podemos compartir, porque no es lícito, ni moralmente admisible, limitar la capacidad de obrar y de decidir de una persona por el sólo hecho de no contar con recursos económicos, por el hecho de ser pobre.
El Concejal González verá en la incapacitación de los indigentes una salida a un problema que le resulta incómodo, pero un procedimiento tan radical nunca puede ser considerado una solución válida y generalizada a un cuestión de esta naturaleza. ¿Dónde queda la libertad y la maltrecha dignidad de estas personas tras la incapacitación? Y es que, a diferencia de lo que intentar justificar el Sr. González, no existe ningún limbo jurídico respecto de su situación. La capacidad jurídica de las personas es completamente independiente de su situación económica, y los menesterosos tienen exactamente la misma capacidad jurídica que cualquier otro ciudadano con más medios, nadie debe privarles caprichosamente del ejercicio de sus derechos y libertades con el objeto de hacerlos desaparecer de las calles. Puesto que, precisamente, lo que se consigue con medidas descabelladas como la ideada por el Concejal socialista no es darles “visibilidad”, como dice pretender, sino todo lo contrario, borrar a los desarraigados y menesterosos de la vista pública. La verdad es que esta idea de la eliminación jurídica del débil recuerda a los peores regímenes totalitarios.
Lo que debe hacer la Administración local en uso de sus competencia, y más una dirigida por un gobierno que se autoproclama progresista y social, es ofrecer unas condiciones y un trato digno a personas como Julián para que no prefieran estar literalmente tiradas en la calle antes que en instituciones públicas. Hay que ofrecerles respuestas adecuadas a sus necesidades personales, que pueden ser transitorias o crónicas, forzadas o fortuitas, de una índole o de otra. Algo que, desde luego, no se consigue debiendo las subvenciones públicas a entidades que voluntariamente se hacen cargo de los excluidos sociales, como es el caso del Comedor Sol y Vida, o teniendo a los Servicios Sociales municipales sin las herramientas necesarias para poder desarrollar su trabajo en condiciones de eficacia. Tampoco ayuda nada el hecho de no contar con un Presupuesto Municipal. Así que más nos valdría que, en vez de exigir medidas desproporcionadas y peregrinas al Ministerio de Justicia, el Gobierno local asumiera sus responsabilidades y trabajase para dedicar los recursos públicos de que dispone a una mejora real de las condiciones de vida de los ciudadanos, sin privarles, por ello, de sus libertades y plena capacidad de decisión.
Finalmente, llama mucho la atención, y resulta tremendamente contradictorio, que desde las filas socialistas se promueva la derogación de la prisión permanente renovable al mismo tiempo que se pide la incapacitación de los indigentes. Esto es, por un lado, se propugna que los delincuentes peligrosos puedan estar en la calle, disfrutando de plenas libertades y derechos, se haya conseguido o no su reinserción, y por otro, se pide que los indigentes que viven en las calles sean incapacitados para retirarlos de ellas. ¿Quién puede llegar a entender tal despropósito? Iniciativas absurdas como las que nos propone el Partido Socialista a lo único que conducen es una mayor inseguridad en el plano real y jurídico de las personas, un claro retroceso tanto individual como social que no podemos permitir.
Consuelo Lorenzo Gómez, Concejala del Partido Popular
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