La juez de Instrucción 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha citado en calidad de investigados, a Juan Francisco Trujillo, quien fuera chófer del ex director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero, el exalcalde de El Pedroso Rafael Rosendo y otras diez personas por las sobrecomisiones pagadas en las pólizas de prejubilaciones de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares.
Así, la juez Núñez, en virtud de dos escritos presentados por la Fiscalía Anticorrupción, ha acordado en un auto incluir en las diligencias previas 1421/2016 en las que se investigan las sobrecomisiones a doce personas en calidad de investigados por los hechos imputados en las diligencias previas 174/11 --causa matriz de la investigación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares-- y en diligencias incoadas por los pagos efectuados por Estudios Jurídicos Villasís de presuntas ayudas públicas.
En concreto, la magistrada, en el auto fechado el 16 de enero de 2018 y al que ha tenido acceso Europa Press, ha incluido en las diligencias por las sobrecomisiones como investigados a Rafael Rodríguez Fuentes y Antonio González Pérez, administradores de Muebles Don Formón; a Juan Francisco Trujillo Blanco, apoderado de Sapphire Grupo Empresarial --por transferencias con valor de 81.840 euros--; a Gregorio Martínez Piñero, por Promociones Vinícolas --por los pagos efectuados de 78.000 euros--; a Manuel Grueso Vázquez, administrador de Dehesa Navera --por el pago de Estudios Jurídicos Villasís de 80.000 euros--; a Miguel Benito Oliver, por Tialna --por pago de 80.000 euros--; a Carmen Muñoz Rivas, presidenta de Megara --por pago de 44.000 euros--; a Salvador Mera Crespo y Roberto Carmona Soto, por Federación Minerometalúrgica --recibe de Estudios Jurídicos Villasís 360.000 euros--; a Verónica Galloso Villalba --por el pago de Estudios Jurídicos Villasís de 30.000 euros--; a Beatriz Pérez Martín, administradora de Andalucine y Barataria; y al exalcalde de El Pedroso Rafael Rosendo Villavieja, por la Sociedad de Desarrollo El Pedroso (Soldep) --por 278.400 euros--, en este último caso la entidad es trasladada a estas diligencias como responsable civil, a solicitud de la Fiscalía.
En el mismo auto, la juez Núñez, dada la imputación en la causa que investiga las sobrecomisiones de Gregorio Martínez, Manuel Grueso, Miguel Benito, Carmen Muñoz, Salvador Mera, Roberto Carmona, y Verónica Galloso, acuerda el archivo en las diligencias 2449/16, en la cual figuran como imputados en las cuantías y por los conceptos (pagos recibidos por Estudios Jurídicos Villasís), objeto de la presente causa.
Respecto al sobreseimiento solicitado por Juan Francisco Trujillo en esta pieza, la juez señala que no consta como investigado en las diligencias previas 2449/16, de donde si acuerda el sobreseimiento de Beatriz Pérez Martín por los pagos recibidos por Uniter.
Por todo ello, la magistrado ha citado a declarar en calidad de investigados el día 22 de marzo de 2018 a las doce personas investigadas en la causa de las sobrecomisiones. Además, cita como testigo a Florentina del Pozo Paris, en virtud del acuerdo de colaboración de la DGTSS y la sociedad cooperativa Roda Textil, firmado por ésta el 25 de junio de 2004, por 90.000 euros, aunque en septiembre de 2006 consta transferencia por 100.000 euros por parte de Estudios Jurídicos Villasís. Además, la juez indica que se incluya en este procedimiento como responsable civil a dicha entidad.
Por último, incorpora a la presente causa el audio de la declaración de Beatriz Pérez Martín prestada en las diligencias previas 2449/16 efectuada el día 1 de diciembre de 2016.
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